El accidente de la Oktoberfest sentará a Cubero en el banquillo el 20 de febrero de 2018

El Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza ya ha puesto fecha al juicio por el accidente de la Oktoberfest, ocurrido durante las últimas fiestas del Pilas y en el que resultó herida grave una mujer de 37 años al caerle sobre la cabeza una de las vigas de hierro de la estructura de la carpa. La vista comenzará el 20 de febrero de 2018 y continuará los días 22 y 23 de ese mismo mes, para concluir el 2 de marzo. Como presuntos responsables de lo ocurrido, en el banquillo de los acusados habrán de sentarse el concejal de ZEC Alberto Cubero, el jefe de la oficina económica-jurídica del área de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Asensio, el dueño de la carpa, Luis Gorrachategui, y el ingeniero que firmó el certificado final de obra, Sergio Espinosa.

La primera sesión comenzará a las 9.30 en la sala de macrojuicios de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza con las cuestiones previas. Los abogados Alberto Cervera y Óscar Frontiñán, que representan a la víctima, María Elena O. R., ya han anunciado su intención de volver a plantear algunas pruebas que les fueron denegadas durante la fase de instrucción. Las defensas también tendrán oportunidad de aprovechar este trámite para hacer sus objeciones o peticiones. El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza, Eduardo Marquina, dedicará el resto de la jornada a los interrogatorios de los encausados.

Para la segunda jornada, el magistrado ha citado al resto de testigos, dejando para la tercera sesión la práctica de las pruebas periciales. El juicio concluirá el 2 de marzo con las conclusiones e informes finales.

Pese a ser cuatro los ocupantes del banquillo, la Fiscalía solo ha presentado cargos contra dos de ellos: el dueño de la instalación y el técnico al que contrató para que supervisara su correcto montaje. Para cada uno de ellos, el ministerio público propone ahora una pena de cuatro meses de prisión y una multa de 2.400 euros por un delito de lesiones por imprudencia grave. En el caso del primero, pide también que se le inhabilite para ejercer como promotor de espectáculos y hostelería durante el tiempo de la condena. Respecto al ingeniero, la Fiscalía exige que se le prohiba trabajar como ingeniero industrial durante un periodo de dos años.

A la hora de establecer las responsabilidades económicas, la acusación pública pide también cuentas a la empresa Infraestructura y Desarrollo de Espectáculos y Acontecimiento SL, a las aseguradoras Axa, Mapfre y Zurich, así como al Ayuntamiento de Zaragoza.

Penas de tres años de cárcel

La acusación particular no comparte el planteamiento de la Fiscalía y extiende la responsabilidad de lo ocurrido tanto al concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, como al funcionario municipal Enrique Asensio. De hecho, pide para los cuatro encausados sendas penas de tres años de prisión por un delito de lesiones graves por una imprudencia también grave.

En su auto de apertura de juicio oral, el juez Rafael Lasala decía que el accidente ocurrido el 8 de octubre de 2016 se produjo porque hubo un deficiente montaje de la estructura debido a la falta de piezas. En opinión del instructor, el dueño de la instalación sabía de esta circunstancia y el técnico que debía supervisar el montaje ni siquiera se percató del problema. En cuanto al edil y el funcionario municipal, les reprocha la "ausencia total y grosera" de inspección de la carpa.

La caída de la viga causó un gravísimo traumatismo craneoencefálico a Elena O. R. Y pese al terrible infortunio, esta tuvo la suerte de que en el lugar del accidente se encontraba un médico que le atendió inmediatamente. Tras pasar varios días en la uci y ser intervenida quirúrgicamente, su evolución fue buena, pero aún le quedan pendientes dos intervenciones para reconstruirle el cráneo.

En su escrito de calificación, la Fiscalía cifra en 118.270 euros la indemnización a pagar a la víctima: 22.470 por las lesiones y otros 95.800 por las secuelas. La acusación particular, a cargo de Alberto Cervera y Óscar Frontiñán, solicita en torno a 250.000 euros. De momento, el juez ya emplazó a los acusados para que prestaran fianza suficiente para cubrir estas cantidades.