El Ayuntamiento acusa a la juez del 010 de “vulnerar la Constitución”

El Ayuntamiento de Zaragoza ha acusado a la juez del caso del 010 de “vulnerar la Constitución” con su decisión de mantener unas medidas cautelares sobre el rescate del servicio de atención telefónica. Además, en la documentación que ha enviado a la titular del juzgado Contencioso Administrativo número 4 también se habla de un “exceso de compentencias de la juez”, según ha contado esta mañana de martes el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero.

El Consistorio ha remitido al juzgado las últimas novedades sobre el servicio. En concreto, ha informado de la decisión del gobierno de Zaragoza del pasado viernes, en la que denegó a Pyrenalia (que gestiona actualmente el servicio con serios problemas de pago a las trabajadoras) la cesión del servicio a Dataniose, una empresa filial. “Al gobierno no nos gustaba esta opción, y los informes de Contratación y de la asesoría jurídica consideraron que no se podía ceder, porque la empresa no cumplía con criterios de solvencia y porque no había contrato vigente”, ha recordado Cubero.

Además de informar de esta decisión, el Ayuntamiento envió ayer al juzgado dos informes más elaborados por la asesoría jurídica. En el primero se acusa a su titular de “exceso de competencias”, ya que “se juzgan cuestiones que tienen que ver con un juzgado de lo social”, según ha aputado Cubero. En el otro, se le acusa de vulnerar “el artículo 24 de la Constitución”, que es “el derecho a la defensa”. “Con la negativa de la cesión, o se levanta la cautelar o se tiene que volver a externalizar el servicio. Por lo tanto no se deja derecho a la defensa ni posibilidad de apelación a un tribunal superior”, ha apreciado Cubero.

El Ayuntamiento va a esperar a la contestación de la juez para tomar una decisión. Si se mantienen las medidas cautelares, Cubero apuntó que se reactivará el concurso que él mismo paralizó hace dos años para afrontar el rescate del servicio. “Sacar un nuevo pliego, que es lo que preferimos, llevaría un plazo de cuatro a seis meses, pero es inviable por los impagos de nóminas a las trabajadoras”, ha dicho Cubero.

El edil de Servicios Públicos ha vuelto a atacar a la Justicia. Cubero ha dicho que la suspensión cautelar del servicio “es un golpe de estado jurídico”, y ha opinado que “en estas dos semanas la jueza va a dar un paso atrás”.