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Zaragoza

Los antiguos juzgados de la plaza del Pilar serán sede de servicios sociales de la DGA

El Departamento de Ciudadanía ha licitado la redacción del proyecto. La reforma está valorada en unos 775.000 euros.

A la derecha, edificio que se usó para juzgados de 1986 a 2013 y en un año acogerá el IASS.
A la derecha, edificio que se usó para juzgados de 1986 a 2013 y en un año acogerá el IASS.
José M. Marco

Los antiguos juzgados de laplaza del Pilarse convertirán en la nueva sede de los servicios sociales delGobierno de Aragón. Allí, se centralizarán las dependencias que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales tiene distribuidas en varios edificios de la ciudad. La DGA ya ha sacado a licitación por 71.441 euros la redacción del proyecto, que prevé ocupar 15.000 de los 25.000 metros cuadrados con los que cuenta el inmueble del centro de Zaragoza. La previsión es que el traslado se pueda hacer efectivo en un año.

Ciudadanía y Derechos Sociales es uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón que tiene sus servicios más desperdigados. Parte de los gestores de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se encuentran en el paseo de María Agustín; la dirección Provincial del IASS está ubicada en el paseo de Rosales, a la entrada del Parque Miraflores, y Consumo y Familia todavía permanecen en la plaza de la Convivencia, en dependencias de Sanidad (en la anterior legislatura formaba parte de este Departamento). Así, la idea inicial es concentrar estos servicios y facilitar la atención a los ciudadanos.

Los responsables del Departamento llevan ya tiempo trabajando en este proyecto. De hecho, en octubre del año pasado empezaron a trasladar a funcionarios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a los pisos de la calle de Convertidos, donde estuvieron instalados los juzgados Contencioso Administrativo y Mercantil. Pero, ahora, lo que se plantea la DGAes utilizar los cuatro edificios de los cinco que albergaron los juzgados hasta que los llevaron a la Ciudad de la Justicia en la Expo. Son cinco plantas con otra de garaje que están vacías. La redacción del proyecto de reforma tendrá que contemplar la mejora del interior de los espacios, "manteniendo el uso administrativo, pero cambiando los usuarios".

Distribución inicial

"Toda esta remodelación interior se tiene que llevar a cabo con el menor coste presupuestario posible, dadas las posibilidades económicas actuales del Gobierno de Aragón, por lo que interiormente se llevan a cabo los cambios mínimos necesarios", señala en una documentación incluida en la licitación de la redacción del proyecto. No obstante, los propios pliegos estiman que la reforma interior y la puesta a punto de todos los inmuebles pueden ascender a unos 775.000 euros.

La distribución inicial prevista contempla reservar uno de los edificios a la dirección provincial del IASS, otro inmueble a la Gerencia del IASS y el servicio Provincial del Departamento y otro a la Consejería en sí. El Instituto Aragonés de la Mujer ocupará un local de 700 metros cuadrados que usó el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la calle de Convertido. No obstante, fuentes del Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía insistieron en que todavía no hay nada cerrado.

El principal objetivo es centralizar los servicios y mejorar la atención al ciudadano en unos edificios que están preparados para recibir miles de visitas. Antes, cuando albergaban los juzgados, pasaban por allí más de 5.000 personas al día. Ese flujo beneficiaba a los comercios y bares próximos, por lo que este proyecto puede volver a ser un revulsivo para la zona.

Batalla con el Ayuntamiento

El traslado, no obstante, está supeditado a que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza lleguen a un acuerdo sobre esos edificios. En julio, la gerencia municipal de Urbanismo le exigió al Gobierno la reversión de los 25.000 metros cuadrados de todo el inmueble y le dio tres meses para hacerlo.

En concreto, hace alusión a las dos cesiones gratuitas de suelo que hizo la ciudad al Ministerio de Justicia para construir el complejo judicial. Una de 1.966 metros cuadrados en 1956 y otra de poco más de 9.00 en 1986. Sin embargo, se puso una doble condición: el plazo para edificar se limitaba a cinco años y debía mantenerse el uso judicial durante tres décadas.

Patrimonio sostiene que la cesión más antigua cumple con el acuerdo alcanzado y aunque en la segunda no se llegó a consumar el plazo por tres años, asegura que la devolución no es viable. Explica que esta pastilla está integrada en un edificio. Concretamente, en la zona de conexión de los dos edificios que forman el antiguo complejo judicial, "del que no se puede separar sin grave menoscabo y sin que, por otro lado, resultara de utilidad para el Ayuntamiento de Zaragoza".

Además, en un informe de Patrimonio se apunta que en el ejercicio de reversión se puede recuperar lo donado, pero esto no legitima al Ayuntamiento "a incrementar su patrimonio con aquello que, en ningún momento, le ha pertenecido". Subraya que no existe fundamento jurídico para reclamar las construcciones que se han incorporado a los terrenos cedidos en su día. Por ello, apunta que se le debería computar el coste de los edificios

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