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Los vecinos de la urbanización Torreblanca exigen protección contra el ruido de la A-68

Piden que se instalen nuevas pantallas acústicas y se ejecute una sentencia de 2015 que les dio la razón. El fallo judicial obligaba dar una solución a esta zona residencial en el plazo de seis meses.

Dos vecinas de la urbanización observan ?la carretera A-68 desde la vivienda de una de ellas.
Los vecinos de la urbanización Torreblanca exigen protección contra el ruido de la A-68
G. Mestre

El ruido es insoportable y ya no saben qué hacer. Después de más de una década de lucha, el Ministerio de Fomento continúa sin colocar las pantallas acústicas necesarias para que la vida de los vecinos de la urbanización Torreblanca de Zaragoza se desarrolle con un mínimo de tranquilidad. Y lo que más irrita a los residentes es que desde hace dos años disponen de una sentencia judicial que obliga al Ministerio de Fomento a hacer las obras en seis meses y que a día de hoy sigue sin cumplirse.

"Es insoportable, desde las 6 de la mañana. También a partir de las 19.30", afirma Mónica Bermúdez, que se instaló en su casa en el año 2003. La urbanización Torreblanca, que depende del barrio rural de Garrapinillos y en la que hay unas 140 viviendas, está situada junto al Alcampo de Utebo, entre la A-68 y la N-232.

José Luis Sarmenteros, otro vecino, recuerda que se contrató a un ingeniero que confirmó que los niveles de ruido que sufrían eran "bestiales". Por la zona transitan más de 60.000 vehículos diarios, de los que una gran parte son camiones, que obligan a los residentes a convivir con un ruido "inhumano". Todos ellos se han visto obligados a reforzar el aislamiento de sus viviendas. "Tenemos que estar encerrados con doble ventana y aún así se oye", añade Mónica Bermúdez.

"No te acostumbras nunca. Por las noches, si abres las ventanas no puedes dormir y si sales al jardín no se puede ni estar. Es un ruido brutal día y noche, no sé cómo nos tienen así", explica José Luis Sarmenteros, que recuerda que parte de la urbanización ya estaba habitada cuando se construyó la autovía.

Tras las quejas, se colocó un tramo de pantallas de unos 300 metros, pero que no cubría la totalidad de la comunidad de propietarios. Además, como recuerda Mónica Bermúdez, se instaló un nuevo tramo, pero no en la zona de las viviendas, sino en el lado contrario, donde solo hay una casa rústica. "¡Han metido 200 o 300 metros en un sitio donde no hay casas! A qué fin, creo que se han confundido...", asegura.

Ya en 2009 presentaron en la Demarcación de Carreteras un escrito acompañado por las firmas que recogió José Luis Sarmenteros, en las que se ponían de manifiesto las molestias por ruidos. Es más, en el escrito recordaron que este segundo tramo de pantallas acústicas –el situado en la zona sin viviendas– provocaba un "efecto rebote insoportable".

Con el informe de un ingeniero, se solicitaba, entre otras medidas, ampliar las protecciones existentes, modificarlas, elevar su altura o hacer un tratamiento en el pavimento para minimizar la emisión de ruidos. Como indica Mónica Bermúdez, "las pantallas son de tres metros y un camión mide tres y medio". "Deberían tener una altura de cuatro metros", afirma.

Los vecinos contaron con informes del Defensor del Pueblo y del Justicia de Aragón. Pero desde la Demarcación de Carreteras, como figura en la sentencia, se indicó que la colocación de las pantallas "se adecuó al proyecto de construcción de medidas de corrección de los niveles de ruido". Y se añadió que se podría ampliar el tramo "en el próximo ejercicio si las disponibilidades presupuestarias lo permiten".

Los propietarios recurrieron con el argumento de que se estaban vulnerando sus derechos a la intimidad en el ámbito domiciliario y a la integridad física y moral y reclamaron la adopción de nuevas medidas. La falta de presupuesto fue la respuesta en la que insistió la Demarcación de Carreteras para no acometer todas las medidas necesarias para paliar el problema del ruido.

En la sentencia de 2015, que dio la razón a los vecinos, el juez recuerda que el propio Ministerio de Fomento asumió que es su obligación resolver el problema. Considera necesario que se coloquen más pantallas acústicas, se modifiquen las existentes o se ponga en marcha cualquier otro sistema para que se respeten los niveles máximos de ruido.

Por este motivo, obliga a la administración del Estado a redactar un nuevo proyecto y se solvente "de forma efectiva" el problema de ruido. Dio un plazo de seis meses, pero más de dos años después los vecinos siguen soportando el ruido. Desde la Delegación del Gobierno no se pudo informar ayer de cuándo se podrá ejecutar esa sentencia.

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