ZEC plantea que el rastro para vendedores ilegales esté unos seis meses a prueba

El rastro para vendedores ilegales que plantea el Ayuntamiento en el parquin sur de la Expo estará seis meses a prueba. Así se recoge, según explican desde la Plataforma de Apoyo al Rastro, en el borrador del futurible convenio de colaboración que firmarían el Consistorio y los comerciantes, aún en fase de negociación. De acuerdo con Sebastián Paz, miembro de la plataforma, la intención es que este periodo sirva para comprobar si hay o no problemas. "Si no los hubiese, se prorrogaría", explicó.

El Ayuntamiento se limitó ayer a señalar que "no hay nada cerrado". Admitió, no obstante, que Derechos Sociales, Policía Local y Movilidad están trabajando de forma transversal para encontrar una solución "que satisfaga" a los comerciantes que sí pagan y a los que no lo hacen. "Se va a intentar agradar a ambas partes", explicaron fuentes del Consistorio.

Paz considera que el periodo de prueba es "razonable". A su parecer "no tiene por qué haber problemas añadidos". "Pondremos todo de nuestra parte para que se apruebe esa prórroga", afirmó.

El borrador también incluye la posible ubicación del nuevo mercado. "Iría en perpendicular al muro de la estación de Delicias, alejado de los puestos actuales", añadió Paz, aunque reconoció que hasta ahora se han barajado varias opciones. Respecto a las tasas, "no se especifican cantidades". La intención, en todo caso, es que quienes se instalen en los 100 nuevos puestos que se crearán no paguen más de un euro por día, una cifra muy alejada de los alrededor de 60 que abonan cada mes los vendedores que sí tienen licencia.

La plataforma lleva esperando la firma "desde mediados de junio". El pasado miércoles, no en vano, se manifestó frente al Ayuntamiento de Zaragoza para exigir celeridad al gobierno. "El hecho de que agosto sea inhábil hace que los plazos se retrasen hasta mediados de septiembre, en el mejor de los casos", apuntó Paz, al tiempo que recordó que para muchas familias es "una necesidad".

Falta por saber si los comerciantes podrán instalarse sin inscripción previa como pretenden los integrantes de la plataforma, quién recaudará las tasas y qué productos se podrán vender, entre otros aspectos.

"Deberían pagar lo mismo"

La previsión es que hasta 200 vendedores sin licencia se beneficien de los 100 nuevos puestos. No obstante, PP, PSOE, Ciudadanos y CHA ya expresaron sus dudas al respecto en la última comisión de Participación Ciudadana, en la que la concejala ocasional del área, Luisa Broto, adelantó que se llegaría a un acuerdo "en breve". La oposición teme que se cree "un efecto llamada" y un problema de imagen, ya que allí se venderán productos de segunda mano. Esther Jiménez, portavoz del mercadillo del parquin sur, también se mostró ayer especialmente crítica. "Es una ilegalidad total", opinó. A su juicio, quienes se instalen en los nuevos puestos "deberían pagar lo mismo que el resto de compañeros".

Jiménez cree que este proyecto responde únicamente a "una cabezonería" de ZEC, aunque espera entrevistarse próximamente con el alcalde, Pedro Santisteve, para encontrar una solución. "Si no, se va a crear una alarma social tremenda", vaticinó.