Siete detenidos por explotar a cuidadores de enfermos en los hospitales públicos

La Policía Nacional ha desarticulado en Zaragoza una organización criminal que favorecía la inmigración ilegal con fines de explotación laboral. En concreto, controlaban la contratación ilegal de extranjeros en situación irregular para cuidar enfermos en hospitales públicos. Siete personas han sido detenidas, entre ellas la responsable del grupo criminal y uno de sus hijos, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de amenazas graves.

Las investigaciones comenzaron hace tres meses, cuando la Policía tuvo conocimiento de varios altercados que se estaban produciendo en los hospitales de Zaragoza y que involucraban a personas extranjeras, mayoritariamente de origen nicaragüense, dedicadas al acompañamiento y cuidado de enfermos y ancianos. Una de estas personas era Margarita B. A., conocida para los investigadores puesto que ya fue detenida por hechos similares en 2012. Esta mujer y con otras personas de su confianza constituían una organización dedicada a "monopolizar" las labores de acompañamiento de enfermos, lo que les llevaba a "amenazar y coaccionar" a otras personas que intentaban publicitarse para estas mismas labores, según explicaron fuentes de la Jefatura Superior.

La Policía añadió que el modus operandi de la red consistía en hostigar, amenazar, provocar y agredir a aquellas personas que querían dedicarse al cuidado de enfermos por su cuenta. "Esto es territorio nuestro", afirman que decían los arrestados. Quien quisiera trabajar en el cuidado y la atención de enfermos debía hacerlo o para el grupo o pagando la comisión correspondiente.

Los investigadores lograron acreditar también que muchos de los nicaragüenses desempeñaban esta actividad laboral sin contrato, permiso de trabajo o residencia, ni respeto alguno de la legislación vigente en materia laboral. Además, exigían a los trabajadores la entrega de comisiones por cuidado de enfermos e intimidaban a los mismos con favorecer su expulsión del territorio español. Entre otras cosas, debían realizar turnos de entre 10 y 12 horas diarias, por unos 20 o 25 euros, de los que tenían que abonar entre 5 y 10 a la organización. Además, llegaban a prolongarse estas cadencias de trabajo durante más de 12 días consecutivos.

Estos trabajadores ilegales se hospedaban en pisos con los que la organización había creado una infraestructura de alojamiento en la que aparecían como empadronados casi medio centenar de latinoamericanos sin permiso de residencia.