Zaragoza

El pleno aprueba las conclusiones de la comisión de Ecociudad con duras críticas a ZEC

El dictamen advierte de posibles responsabilidades penales y ahora un informe jurídico determinará si el gobierno pudo cometer algún delito.

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento
Oliver Duch

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA las duras conclusiones de la comisión de investigación sobre la gestión de ZEC en la sociedad municipal de Ecociudad, responsable de la gestión del servicio de saneamiento y depuración de aguas. No en vano, el dictamen apunta a que de la investigación pueden derivarse responsabilidades penales, por lo que ahora un informe jurídico del letrado asesor de la entidad determinará si hubo delito por parte del alcalde, Pedro Santisteve, y de los otros dos representantes de ZEC en la sociedad, Teresa Artigas y Pablo Muñoz.

La sesión ha sido muy dura y ha concluido con el reproche unánime de la oposición a ZEC por su labor al frente de la sociedad, que ha estado marcada por la investigación seguida por el gobierno contra el gerente y varios trabajadores de la sociedad. Ese controvertido proceso acabó con el alcalde ante la fiscalía para informar unas irregularidades en la depuradora de La Almozara que derivó en un proceso judicial que el juez finalmente archivó.

Pero, además, el alcalde ha tenido que escuchar duras críticas por su decisión de dimitir como presidente de la sociedad, como también han hecho Artigas y Muñoz. Los grupos han cargado contra la “cobardía” y la “irresponsabilidad” de la “espantada” de los representantes del gobierno municipal, que además no ha conseguido ni un solo apoyo al voto particular que ha presentado al dictamen de la comisión.

“No tienen mayoría ni cultura democrática para negociar. Por eso, cuando pierden se van corriendo”, ha afirmado el portavoz del PP, Jorge Azcón, que se ha preguntado si ZEC hará lo mismo si no consigue aprobar la municipalización de los parques y jardines o el presupuesto de 2017.

Tras un primera intervención de Artigas, en la que ha aludido a la necesidad de hacer “política con mayúsculas” en lugar de “enrocarse en el laberinto de las descalificaciones”, Pablo Muñoz ha insistido en que las conclusiones de esta comisión de investigación estaban redactadas de antemano por los grupos de la oposición. Ha considerado que se ha tratado de un proceso “inquisitorial” que no estaba basado “en pruebas”.

El resto de los grupos, sin excepción, han sido muy duros. No solo le han recordado que el dictamen habla de “administración desleal”, “confabulación”, “amenazas” o “prevaricación”. Las conclusiones señalan además que se produjo “un montaje documental destinado a construir la apariencia de un delito”. Los grupos, y así figura en las conclusiones de la comisión de investigación, se disculparon con el gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, y los trabajadores afectados.

“Si hubiésemos hecho lo que le hicieron al gerente, al señor Castrillo y al señor Rincón, no podría dormir tranquilo”, ha dicho el edil Sebastián Contín, que insistió en que estos empleados públicos vivieron “un proceso inquisitorial” por parte del gobierno de ZEC, “con prácticas políticas propias del chavismo”.

El PSOE fue el grupo que promovió la comisión de investigación. La concejal socialista Lola Ranera ha acusado al alcalde “de ser el responsable de todo lo que ha ocurrido” y ha recordado el proceso, con una polémica información reservada (una investigación interna) “en un sótano del Centro de Historias”. “Vivimos en un Estado de Derecho, no en una democracia orgánica y populista”, ha declarado.

Alberto Casañal, de Ciudadanos, ha indicado que los trabajadores acusados “no tuvieron ocasión de defenderse” de acusaciones basadas en un informe de una funcionaria “sin conocimientos sobre Ecociudad”. Carmelo Asensio, de CHA, ha aludido a “una situación de presión injustificable” sobre los técnicos y “un procedimiento de información reservada nada garantista y más propio de otras épocas”.

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