Tras la decisión de la empresa Pyrenalia de renunciar a la prestación del servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha solicitado este martes a la jueza el levantamiento de las medidas cautelares derivadas de la denuncia de la CEOE y la Delegación del Gobierno que impiden la municipalización del servicio o al menos que se modifiquen para posibilitar una solución para las 14 trabajadoras, a las que se les adeudan las nóminas de mayo y junio. El responsable municipal ha expresado la voluntad del gobierno de ZEC de mantener este servicio, tal y como se acordó el viernes pasado.

“Las medidas cautelares se han quedado sin efecto por fuerza mayor”, ha explicado Cubero, que el Ayuntamiento conoció que Pyrenalia iba a dejar el servicio el pasado día 28, solo dos días antes de que fuera efectiva la decisión. “La voluntad del gobierno es seguir con el servicio”, ha declarado el edil, que ha insistido que el acuerdo del gobierno, adoptado el mismo viernes en que la empresa abandonó el 010, “está pendiente del visto bueno de la justicia”.

Cubero ha subrayado que en este momento el servicio no está municipalizado y que las trabajadoras siguen dependiendo de Pyrenalia. “No se ha subrogado a las trabajadoras”, ha recalcado. No obstante, se ha mostrado dispuesto a que el Consistorio asuma el pago de las nóminas si así lo permite la jueza, a la espera de que en el juicio se decida sobre el fondo del asunto. “El Ayuntamiento tiene una responsabilidad subsidiaria”, ha afirmado.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han mostrado su sorpresa por lo ocurrido y han pedido explicaciones. El PP ha solicitado una comisión extraordinaria de Servicios Públicos y el PSOE, Ciudadanos y CHA han reclamado la comparecencia de Cubero.

Para el portavoz del PP, Jorge Azcón, el alcalde, Pedro Santisteve, y Cubero, “han dejado pudrir” el 010 “hasta que ha estallado”. Todos los grupos pidieron que se aclare la situación jurídica en la que están las trabajadoras y el servicio y han criticado la falta de transparencia del gobierno municipal, por no informar de este asunto ni a los grupos políticas ni a los medios de comunicación.

Marta Aparicio, del PSOE, ha dicho que la decisión del gobierno de ZEC “es preocupante” y ha dudado de su legalidad, y Elena Martínez, de Ciudadanos, ha calificado la situación de “sainete” y ha exigido que adjudique el concurso abierto hace más de dos años. Carmelo Asensio, de CHA, ha lamentado que Pyrenalia “haya engañado a todos” y ha expresado su “preocupación” por la “inseguridad jurídica” en la que se encuentra el servicio.