La DGA pretende sacrificar la histórica ganadería 'La Rebomba'

Tras varios años de conflictos administrativos, la ganadería aragonesa de ‘La Rebomba’ atraviesa una situación límite. La pasada semana, el Gobierno de Aragón notificó a la familia Arnillas -propietaria de la ganadería- que, remitiéndose a distintas irregularidades cometidas entre 2014 y la actualidad, ordena el “sacrificio obligatorio y sin indemnización” de todos los animales de la explotación.

Entre los antecedentes, el documento hace referencia al 17 de diciembre de 2014, cuando, en el marco de la campaña de saneamiento bovino de Aragón, se constató que “de los 387 animales que figuraban en el Registro de Identificación, solo se presentaron a las pruebas preceptivas 255”, y que “47 no llevaban marcas auriculares”.

Además -según añade el texto al que ha tenido acceso este periódico-, analizando los 208 animales que sí tenían Ficha de Establo, se comprobó que 60 registraban “incidencias graves en su identificación”. Circunstancia que, tal y como aclaran desde el Ejecutivo autonómico, “puede deberse a que la titular no haya notificado a la autoridad competente los datos de los animales nacidos en la explotación y la identificación de las correspondientes madres”.

Por ello, la jefa de la Unidad de Recursos Ganaderos de Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial comunicó a Arnillas que, al constatar en la campaña de saneamiento que todos los animales bovinos estaban ubicados en la explotación, no podían hacer uso de los crotales que en su día fueron asignados para la anterior explotación, debiendo presentar “una solicitud de crotales a la Oficina Comarcal de Zaragoza en caso de necesitar crotales para nacimientos”.

‘La Rebomba’ recibió una sanción que le impedía acudir a los festejos populares con su ganado, y los problemas para la familia Arnillas persistieron hacia 2015, a causa de las inundaciones que la riada del Ebro provocó en la explotación. “Mi finca, asentada en la misma ribera del Ebro, no tiene una estructura común y muchas vacas desaparecieron”, explica José María Arnillas, que suma más de 50 años al frente de la ganadería que impulsó las mañanas de vaquillas en Zaragoza, allá por 1982.

“Trabajamos sin descanso para recuperarlas y presentarlas en los controles sanitarios, pero no fue posible porque nos faltaban infraestructuras”, añade, coincidiendo con el apartado de antecedentes de la resolución de la DGA que hace referencia a lo ocurrido en marzo de 2015.

En ese sentido, Arnillas lamenta que, a causa de las riadas -anteriormente se vio afectado por la de 2008 y la de 2013-, la ganadería se ha ido a la ruina. “Desde aquello, no hemos conseguido regularizar por completo la explotación. Y tampoco hemos recibido compensación alguna por los daños”, recuerda, al tiempo que desde la DGA, el director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Enrique Novales, asegura que el Gobierno de Aragón siempre ha actuado “de buena fe” y ofreciendo “margen” de actuación.

“En 2016 hubo nuevos controles y en marzo de 2017 se constató que, de los 365 animales presentes en la finca, 231 permanecían sin ser identificados correctamente", indica Novales, haciendo mención al Real Decreto 1980/1998, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales que consiste en “dos marcas auriculares con el mismo código (crotales), un documento de identificación bovino (DIB), un libro de registro de la explotación en la que se ubique el animal y una base de datos informatizada”. En España, esta base se denomina SITRAN y se compone del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), del Registro de Identificación Individual de Animales (RIIA) y del Registro de Movimiento (REMO).

Así, dado que buena parte de los animales no están correctamente registrados, el Gobierno de Aragón notificó a Arnillas que tiene un plazo de 15 días para comunicar al Servicio Provincial “el matadero o centro de destrucción autorizado al que se enviarán los animales”. Dicha resolución no agota la vía administrativa, ya que cabe interponer un recurso de alzada ante el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en el plazo de un mes.

Arnillas ya prepara el recurso

“En marzo de este año, todos mis animales fueron identificados con crotales electrónicos por funcionarios de la DGA y ofrecieron resultado negativo en las pruebas de tuberculosis, pero no les vale. Pretenden un registro minucioso que, después de todo lo que he atravesado, no puedo realizar. Las riadas se llevaron por delante muchas madres, otros animales han muerto por causas naturales y, además, ni siquiera yo mismo los veo todos los días. Esta situación no se soluciona de un día para otro”, explica José Mari Arnillas, que tiene decidido presentar un recurso a la resolución.

“Mi abogada ya lo está redactando, alegando que todas mis vacas están identificadas con crotales”, adelanta, antes de profundizar en otro aspecto clave: ‘La Rebomba’ posee la sangre más pura de la casta brava del Ebro. “Aprovechando el último saneamiento (marzo de 2017) que me hicieron, el laboratorio de genética bioquímica LAGENBIO de la Universidad de Zaragoza tomó 75 muestras para un proyecto que pretende demostrar que es una raza autóctona que debe estar protegida”, completa Arnillas, que, si es necesario, acudirá “a la Unión Europea” para exponer su situación.

Por último, confiesa que su intención es vender la ganadería para saldar las deudas que contrajo a causa de las riadas, pero el traspaso no podrá hacerse efectivo hasta que no regule la situación de la explotación. “Me he desvivido por este mundo y no merezco la persecución que estoy sufriendo. Me gustaría seguir acompañando a quien me compre la ganadería -hay una persona muy interesada- pero ya no puedo seguir así porque quienes más lo padecen son mis familiares”, concluye.