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Zaragoza

El juez ordena el embargo de los bienes de Cubero por el accidente de la Oktoberfest

Acuerda que se trabe patrimonio de los cuatro investigados por valor de 400.000 €, pese a que ya hay 800.000 consignados.

Alberto Cubero en una rueda de prensa.
Alberto Cubero en ueda de prensa.
Heraldo

El juez encargado de investigar el caso del accidente de la Oktoberfest acaba de ordenar el embargo de los bienes de los cuatro investigados para cubrir la fianza exigida por las posibles responsabilidades civiles que se deriven del juicio por las lesiones por imprudencia grave que sufrió una mujer de 39 años a la que cayó una viga de la carpa en la cabeza.

El magistrado Rafael Lasala comunicó el pasado martes al concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, que había acordado proceder al embargo de sus bienes en "cantidad suficiente" hasta cubrir la suma de 100.000 euros. Una providencia idéntica envió a al jefe de la Oficina Económica-Jurídica del área de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Asensio, mientras que al dueño de la carpa, Luis Gorrachategui, y al ingeniero que firmó el certificado final de obra, Sergio Espinosa, les comunicó que el embargo de sus bienes deberá ser suficiente para cubrir la cantidad de 200.000 euros cada uno.

El instructor ya citó el pasado 24 de mayo a los cuatro acusados para que depositaran el dinero, después de requerirles 200.000 euros. Fuentes municipales dijeron entonces que sería la aseguradora del Consistorio (Zurich) la que iba a cubrir la parte que les correspondía para hacer frente a la fianza, dado que estaban acusados por hechos vinculados a su actividad pública.

El juez también exigió 90.000 euros a las responsables civiles directas, es decir, a las aseguradoras Axa, Mapfre y Zurich. Como responsables civiles subsidiarias figuran el Ayuntamiento, Idea S. L. y Gevs Ingeniería Aplicada.

Fuentes de la defensa recordaron que en este caso ya hay consignados en el juzgado 800.000 euros por parte de las distintas sociedades, cantidad que cubre de sobra la reclamada hasta ahora por el fiscal (118.270) y también la calculada provisionalmente por la acusación particular (unos 250.000). Además, hay que tener en cuenta que todavía no se ha concretado la cuantía que finalmente fijarán por los gastos causados tanto el Salud como los distintos servicios médicos a los que ha tenido que acudir la víctima desde que resultó herida. La mujer sufrió un grave traumatismo craneoencefálico del que ha tenido que ser operada en diferentes ocasiones. Tampoco están valoradas legalmente las secuelas, tarea que corresponde a los médicos forenses.

Los letrados defensores han recurrido la decisión judicial, aunque si antes de mañana las compañías no afianzan las cuantías que ahora requiere el juez, este trabará las nóminas y cuentas de los investigados.

Los acusados serán juzgados por sendos delitos de lesiones por imprudencia. La Policía concluyó en su investigación que la viga se cayó porque faltaban piezas en el montaje de la carpa y no se mantenía adecuadamente.

Los abogados de la víctima, Alberto Cervera y Óscar Frontiñán, responsabilizan de lo sucedido a los cuatro encausados, ya que creen que Ayuntamiento no cumplió sus labores de inspección, y piden para ellos penas de tres años de prisión. Sin embargo, la Fiscalía no ve responsabilidad en el accidente ni del concejal de Servicios Públicos ni del funcionario municipal y solo dirige su acusación contra el dueño de la carpa y el ingeniero que firmó el certificado avalando que todo estaba correctamente.

El fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de cuatro meses de prisión y una multa de 2.400 euros por un delito de lesiones por imprudencia grave. En el caso del primero, pide también que se le inhabilite para ejercer como promotor de espectáculos y hostelería durante el tiempo de la condena. Respecto al técnico, la acusación pública exige que se le prohiba trabajar como ingeniero industrial durante dos años.

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