Un tribunal popular será quien juzgue al exalcalde de Trasmoz

Javier Moliner, alcalde de Trasmoz entre 2007 y 2014, compareció ayer ante la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza, que lo había citado para ser juzgado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de apropiación indebida. Sin embargo, en los instantes previos al comienzo de la vista oral se planteó una cuestión en la que hasta ayer mismo no habían caído ni el juzgado que instruyó el caso, ni la Fiscalía, ni aparentemente la defensa del acusado ni el tribunal que debía juzgarlo: que el delito de malversación de caudales públicos es competencia de un jurado popular.

Por esa razón y tras hablar con los magistrados, el fiscal propuso como cuestión previa que el delito de malversación sea visto por un jurado y el de apropiación indebida por un juzgado de lo Penal. La defensa, a cargo de la abogada María Ángeles Cebrián, no se opuso y se decidió enviar de nuevo toda la causa al Juzgado de Instrucción de Tarazona que practicó las diligencias.

Javier Moliner, que se juega por estas acusaciones cinco años y medio de prisión, escuchó algo desconcertado la intervención del fiscal. Juan Alberto Belloch, que presidía la sala, atento a su reacción le preguntó: "¿Se ha enterado de lo que ha pasado?". "La verdad, no", respondió. "Pues yo se lo explico", añadió. Acto seguido, le ilustró sobre lo sucedido y dijo que devolvían la causa al juzgado.

Moción de censura

El caso comenzó a instruirse en 2015, después de que los otros dos concejales del PAR (su propio partido) lo desbancaran de la alcaldía tras una moción de censura y denunciara ante la Fiscalía posibles irregularidades contables durante su gestión como alcalde. El fiscal acusa a Moliner de quedarse con los 4.235 euros que el Consistorio transfirió en 2014 a su cuenta corriente para comprar un camión de segunda mano para el ayuntamiento. También mantiene que en agosto se apropió de 4.140 euros que recaudó entre los aproximadamente 70 vecinos de la pequeña localidad de la comarca de Tarazona y el Moncayo para las fiestas de 2014. La abogada del acusado niega los hechos y explica en su escrito que cuando Javier Moliner recibió los 4.235 euros en su cuenta corriente entendió que eran en concepto de provisión de fondos para sus gastos de representación, en concreto por viajes a Durango para negociar la instalación de una empresa forestal. También alega que en esa cuenta, como luego admitió la secretaria-interventora, se le ingresaba habitualmente su remuneración como alcalde y que fue un "error material" transferirle esa cantidad. En cuanto al dinero de las fiestas, también rechaza que se apropiara de esa cantidad y mantiene que lo recaudado lo destinó a gastos de los festejos.