La Delegación del Gobierno en Aragón aseguró ayer que los problemas del pabellón de España de la Expo no se deben a la falta de mantenimiento del edificio –como sostiene su autor, el arquitecto Patxi Mangado– sino que derivan de "graves defectos constructivos" y de una "ejecución defectuosa". Así, el Estado ya ha reclamado la reparación tanto a Mangado como a la constructora que se hizo cargo de poner en pie el icónico edificio –que costó 30 millones– con la intención de que la Justicia les condene a abonar los 569.519 euros que han costado todas las reparaciones realizadas hasta la fecha.

"El pabellón de España viene mostrando la existencia de vicios desde 2010. Su primera manifestación fue el continuo desprendimiento de las piezas cerámicas de remate superior que recubren los pilares de las fachadas del edificio", explican en Delegación. Aunque en un principio el Gobierno central decidió no reclamar la abultada factura, el pasado 18 de abril sí presentó una demanda judicial con la intención de que el erario no cargue con los gastos de reparación que –a su entender– corresponderían a los responsables de las imperfecciones del edificio.

El Estado fue el promotor de la obra, pero la vigente Ley de Ordenación de la Edificación especifica que la responsabilidad de los daños estructurales corresponden al proyectista, a la dirección facultativa de las obras o a la constructora. Los desperfectos del edificio se han acumulado principalmente en la cubierta, en las placas cerámicas de las columnas y en el estanque de la lámina de agua que rodea la estructura.

Nueve años cerrado

Mangado aseguró el martes en una conferencia en la Cámara de Comercio que el deterioro del pabellón se acentúa porque no se le ha conseguido dar uso desde el clausura de la Expo e, incluso, mostró su malestar por los arreglos que se han llevado a cabo sin que él diera el visto bueno. En su día se dijo que tras la Expo el inmueble, que está catalogado de Bien de Interés Cultural, albergaría la sede del Instituto del Cambio Climático, pero actualmente sigue vacío y sin uso. También se especuló con que pudiera acoger algunos posgrados de la Universidad, pero se descartó porque su adecuación costaría más de dos millones de euros.

Delegación, no obstante, asegura que desde noviembre de 2011 –cuando se agravaron los desprendimientos– se han sucedido las reclamaciones infructuosas. "Obligados por el Ayuntamiento de Zaragoza a corregir los graves defectos constructivos, se procedió a la reparación de los vicios y se presentó una demanda contra el arquitecto, la constructora y Cenher", dicen en Delegación, donde confían en que el juzgado declare que los daños se deben "a la defectuosa ejecución, proyecto, dirección y supervisión de la obra".