El Ayuntamiento de Zaragoza acumuló a lo largo del año 2016 y en el primer mes de 2017 un total de 110 procesos judiciales pendientes de sentencia firme por un valor de 116,5 millones de euros. A esta cifra habría que sumar los fallos judiciales sobre los que ya no cabe recurso, que implican un coste de 7,7 millones, la mayoría vinculados a la sentencia por la expropiación de unos suelos del Tiro de Pichón para ejecutar el plan de riberas.

Según datos recopilados por la asesoría jurídica municipal, este es el balance de los procedimientos judiciales en marcha en la ciudad y pendientes de sentencia definitiva, que se convierten en una de las principales losas para las arcas municipales. De hecho, en los últimos dos años la cuantía económica apenas se ha reducido, dado que en 2015 se computaban 117,8 millones de euros en fallos no firmes. La mayoría de los pleitos están vinculados a reclamaciones de las grandes contratas, sobre todo la antigua Tuzsa y FCC, además de a las expropiaciones.

En este sentido, la contrata de bus urbano sumó durante 2016 y principios de 2017 más de 35 millones de euros en fallos judiciales. Los dos más importantes ascienden a 19,4 millones y 15,5 millones, por revisiones de precios. Además hay otro de 8,1 millones por certificaciones sin abonar e intereses de demora.

El Ayuntamiento de Zaragoza acordó recientemente una regularización de pagos pendientes a Tuzsa que permitirá saldar deudas por valor de 21,1 millones. Es una cifra menor a la prevista tras una sentencia judicial que le dio la razón al Consistorio en una reclamación a Tuzsa por haber pagado de más tras un error de cálculo en las revisiones de precios. De esos 21,1 millones, 5,4 millones son intereses y 15,6 corresponden al principal de la deuda. Se pagarán con cargo al fondo Impulso habilitado por el Ministerio de Hacienda para que los municipios puedan atender sentencias judiciales, que este año inyectará al Ayuntamiento de Zaragoza unos 33 millones de euros.

Pero FCC también tiene reclamaciones en los tribunales. En el listado de sentencias no firmes figura una de 10,8 millones de euros por las revisiones de precios de 2012 y 2013 (está apelada por la empresa). Esta sentencia se pagará con el fondo Impulso, aunque el Ayuntamiento adelantó su abono por orden judicial. FCC exige otros 7,9 millones por las revisiones de precios de 2010 y 2011.

Pleito de Districlima

Pero si hay una amenaza judicial en el Ayuntamiento de Zaragoza es el pleito impulsado por la empresa Districlima, que recibió la gestión del servicio de climatización del recinto de la Expo. Solicita simultáneamente el equilibrio del contrato y su resolución. Este proceso podría suponer 28,9 millones al erario y sigue a la espera de sentencia definitiva.

Pero por otro lado están las sentencias firmes, que implican un coste de 7,7 millones de euros. El fallo judicial que compone la mayor parte de esta cantidad es el referido a la expropiación del año 2007 de unos terrenos del club Tiro de Pichón, que han supuesto una condena del Tribunal Supremo valorada en 7,3 millones.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) notificó en febrero de este año al Ayuntamiento la suspensión de la ejecución de este fallo judicial después de que el Supremo admitiera a trámite un recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza "ante la aparición de nuevos documentos". El argumento del Consistorio es que esos terrenos se habrían ganado al río mediante el vertido de gravas, por lo que no cabría compensación alguna a sus propietarios.

El análisis de los fallos judiciales firmes presenta una esperanza para los procedimientos que actualmente están en tramitación. Los 7,7 millones de euros a los que finalmente fue condenado el Consistorio a lo largo del año 2016 estuvieron precedidos por peticiones por parte de empresas y particulares que superaban los 23 millones de euros.

A esos 7,7 millones de euros del pasado ejercicio se sumó en marzo una sentencia que supondrá 2,3 millones. El TSJA tumbó el recurso municipal contra el fallo que le obligaba a abonar 4,6 millones a las concesionarias de los autobuses a los barrios rurales. De la deuda, referida a las revisiones de precios de 2010 y 2011, el Consistorio ya ha abonado la mitad tras un auto de ejecución provisional de abril de 2015.