El Supremo rechaza el recurso contra el dato de población de Calatayud en el año 2015

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento bilbilitano contra el real decreto que declaró que, a 1 de enero de 2015, la población de Calatayud era de 19.724 habitantes, mientras que según los datos del padrón municipal eran de 2.500 más. Hay que tener en cuenta que la cifra de población no es un tema baladí, ya que, entre otros asuntos, fija las transferencias del Estado a los ayuntamientos. Por eso, fue en 2016 cuando el Consistorio bilbilitano mostró su disconformidad con la cifra de población que se establecía a fecha 1 de enero de 2015.

La cifra oficial dejaba a Calatayud por debajo de los 20.000 habitantes –los que superan este dato tienen un coeficiente de 1,30 en lugar de 1,17 a la hora de establecer las ayudas estatales–. Y según explica el propio alcalde, José Manuel Aranda (PP), "las pérdidas para Calatayud derivadas de estar por debajo de los 20.000 habitantes fueron de unos 400.000 euros".

En un primer momento, el Ayuntamiento realizó hasta 2.500 alegaciones al real decreto del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas no fueron admitidas y derivaron en un recurso ante el Tribunal Supremo, que en su sentencia considera que las quejas formuladas "no tienen fundamento" porque "el procedimiento a través del cual se llega a las cifras finales de población" es un procedimiento "complejo y dotado de sobradas garantías". También señala que el Consistorio bilbilitano "en modo alguno ofrece datos fehacientes" y destaca el hecho de que la mayoría de las discrepancias se deben a que el Consistorio "no repercutió en el padrón las bajas de habitantes que ya figuran en otros municipios e incluye extranjeros que no renovaron su inscripción padronal y cuya residencia no fue probada".

La elaboración del padrón

Precisamente en esa línea, el propio alcalde explicó que desde el área de Participación Ciudadana e Inmigración han reforzado el trabajo de elaboración del padrón. Así, el pasado mes de febrero llevaron a cabo un proceso para renovar la documentación de ciudadanos extranjeros. También informaron a la población inmigrante de que debían renovar su empadronamiento, un trámite que debe hacerse cada dos años. Sin embargo, Aranda apuntó a que, "por desconocimiento", muchos de los extranjeros no llevan a cabo este trámite obligatorio.

De hecho, este mismo año, el INE informó en enero al Ayuntamiento de Calatayud de que había 458 personas de nacionalidad extranjera en la ciudad pendientes de renovar su certificado de empadronamiento. Una vez finalizado el plazo –el día 31 de enero–, fueron 205 las personas que llevaron a cabo este trámite.

El Ayuntamiento de Calatayud, que no está de acuerdo con la sentencia y se plantea continuar con las reclamaciones judiciales, deberá pagar las costas del proceso, que podrían ascender a unos 4.000 euros.