El Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de tumbar el recurso que presentó el Ayuntamiento contra la sentencia que le obligaba a pagar 4,6 millones de euros a las empresas concesionarias de las líneas de transporte a los barrios rurales de Zaragoza. De la deuda total, referida a las revisiones de precios de 2010 y 2011, el Consistorio de la capital aragonesa ya ha abonado la mitad de la cantidad tras un auto de ejecución provisional de abril de 2015. La sentencia es firme y determina además que la ciudad pague los intereses de demora, todavía por cuantificar, y las costas.

El conflicto entre el Ayuntamiento y las contratistas de las líneas de autobús a los barrios rurales se remonta al año 2011, cuando el gobierno municipal, en aquella época en manos del PSOE, decidió denunciar los convenios y traspasar la gestión al Consorcio de Transportes. El argumento que dio fue que las condiciones serían más ventajosas desde el punto de vista económico. El Consistorio desestimó las revisiones de precios solicitadas por las empresas y estas acudieron a los tribunales.

En primer lugar hubo un paquete de procesos judiciales correspondientes a las revisiones de precios de 2008 y 2009, que las empresas ganaron y que ya están liquidados (alrededor de 1,8 millones). Pero después se abrió el pleito referido a los años 2010 y 2011, más importante desde el punto de vista económico.

Las empresas que reclamaron fueron Autocares Samar-Buil, concesionaria de la línea de Garrapinillos, a la que le corresponden 809.902 euros. Ágreda, que enlaza Casetas, Monzalbarba, Villarrapa y San Lamberto, percibirá en total 2.141.390 euros, mientras que a Alosa (San Juan de Mozarrifar y el Zorongo) le corresponden 1.205.137 euros. Por último, Automóviles Zaragoza (Movera) cobrará 449.114 euros. De momento, estas empresas ya han ingresado 2,3 millones.

En primera instancia, el juez concluyó que en el periodo objeto de reclamación no se había producido ninguna modificación de los convenios. "No cabe en ningún caso que una vez transcurridos los años 2010 y 2011, durante los cuales estaba vigente una determinada redacción de los convenios de colaboración, el Ayuntamiento de Zaragoza, a posteriori, pretenda la inaplicación del contenido de los mismos", dice el fallo, de diciembre de 2014.

Entre los aspectos determinantes de aquella sentencia figuran los informes del jefe de Movilidad del Ayuntamiento, que concluía que la solicitud de revisión de precios "fue efectuada en tiempo y forma" y que debían aceptarse los precios y liquidaciones planteadas por los operadores de las líneas. Pero el Ayuntamiento rechazó las exigencias de las empresas y esgrimió un estudio del Consorcio de Transportes sobre los costes de las líneas de los barrios rurales, que cifraba la deuda en 3,04 millones de euros frente a los 4,6 millones que reclamaban las empresas. Pero el juez no atendió la argumentación municipal.

Con estos antecedentes, el TSJA considera que la sentencia de primera instancia "dice con criterio acertado" que "los convenios de colaboración vinculan a las partes que los celebran y deben ser aplicados en los términos pactados hasta el momento de su expiración, en este caso hasta el 31 de diciembre de 2011". Sostiene que para la cuantificación de la revisión de precios "no cabe" más que "la fórmula expresamente pactada por ellos, sin que sea posible la variación de criterios conforme a estudios ajenos al marco negocial establecido entre las partes".