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Zaragoza

Cubero se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel por el accidente de la Oktoberfest

La acusación solicita para otros tres encausados la misma pena que para el edil de ZEC. A la espera de lo que diga el fiscal, les imputa un delito de lesiones graves por imprudencia.

Alberto Cubero, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza el día que fue citado a declarar.
Alberto Cubero, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza el día que fue citado a declarar.
José Miguel Marco

Tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo. Esa es la pena que piden para el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, los abogados de la mujer de 39 años que resultó gravemente herida al ser golpeada en la cabeza por una viga que se desprendió de la estructura de la carpa de la cerveza, instalada en Valdespartera durante las pasadas fiestas del Pilar.

Los letrados atribuyen al edil de ZEC un delito de lesiones graves por imprudencia grave. La misma acusación hacen contra el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, Enrique Asensio, el dueño de la carpa, Luis G. S. y el ingeniero Sergio E. F., y solicitan para ellos una pena de cárcel e inhabilitación similar al concejal.

En su escrito de acusación, que han presentado ya como paso previo a la apertura del juicio oral, llegan a la conclusión de que el accidente se produjo porque la carpa se montó a pesar de que faltaban diez vigas, porque el ingeniero no reflejó en su certificado final de obra esa circunstancia, porque ninguna de las inspecciones paralizó la licencia pese a la importancia de la ausencia de esas vigas y porque no se hizo un proyecto completo para la tramitación municipal al no justificarse qué normativa era de aplicación.

La responsabilidad de cada uno

Los abogados Alberto Cervera y Óscar Frontiñán exponen en su relato las conductas a su juicio negligentes que cometieron cada uno de ellos y que a la postre desencadenaron el accidente.

Por un lado, afirman que el dueño de la Oktoberfest, Luis G. S., no hacía ningún mantenimiento de la carpa, pese a tener al menos 15 años de antigüedad, ni reponía las piezas que se iban deteriorando. Aún así, montó la estructura "a sabiendas de que era un peligro para la salud e integridad física de las personas que iban a disfrutar de su ocio".

Por otro lado, mantienen que el ingeniero Sergio E. F. firmó el certificado final de obra aunque era "sabedor" y "consciente" de que estaba certificando una carpa de "manera indebida, insegura y endeble", de que los materiales "carecían de todo tipo de mantenimiento" y de que faltaban piezas. "La actuación de Sergio E., es absolutamente negligente de forma dolosa, y por tanto merecedor de reproche penal".

De Alberto Cubero y Enrique Asensio mantienen que firmaron la concesión de la licencia para la apertura de la Oktoberfest "pese a la ausencia de control e inspección por parte de la administración municipal sobre la seguridad estructural de la carpa". Los abogados inciden en que otorgaron una licencia de apertura y de funcionamiento "cuando no lo podían hacer". Añaden que, en su opinión, incumplieron la ley reguladora de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual cede las competencias a los municipios. También infringieron el Decreto 16/2014 del Gobierno de Aragón que hace responsable al Ayuntamiento de Zaragoza, por delegación, de la concesión de las licencias y la autorización de la instalación.

"Incumplía la normativa"

Exponen que el proyecto debía contener un desarrollo técnico de la estructura y cumplir con el Código Técnico de Edificación. Sin embargo, afirman que el que fue presentado y "aceptado" por los funcionarios municipales carece de dicha documentación.

"No es un proyecto con el que el Ayuntamiento pudiera conceder una licencia de actividad. No habla de seguridad estructural. No habla de Código Técnico de Edificación. ¿Cómo concedió la licencia de actividad el Ayuntamiento de Zaragoza si el proyecto y por ende la concesión de la licencia incumplía la normativa legal?", se preguntan. "Los técnicos municipales tienen la obligación de verificar que dicho certificado se ajusta a la realidad, y no lo hicieron", manifiestan.

La acusación particular culpaba también del siniestro al montador Ángel Patricio P., aunque el juez instructor, Rafael Lasala, lo exime de responsabilidad al entender que comunicó a su jefe que faltaban piezas pero este no hizo nada.

En cuanto a la responsabilidad civil, que superará los 250.000 euros, hacen responsables directas a las aseguradoras y subsidiarias al Ayuntamiento, la empresa montadora y la del ingeniero. La víctima ha sido operada varias veces y todavía le quedan más intervenciones quirúrgicas. El caso está pendiente de que la Fiscalía presente ahora su escrito de calificación.

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