El juicio por la macroestafa que dejó sin pisos ni ahorros a cerca de un centenar de cooperativistas en Arcosur quedó ayer visto para sentencia. Y aunque la Fiscalía pedía inicialmente penas de 14 años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, al final atribuyó la principal responsabilidad del "expolio" a tres de ellos: Julio Pinilla Miguel, Carlos Álvarez Pérez y Antonio Villalba Asín, para los que ahora propone condenas individuales de 12 años y multas que suman más de 9 millones de euros por un delito continuado de estafa y otro de blanqueo de capitales. A ellas añade indemnizaciones de 2,8 millones a pagar de forma conjunta y solidaria entre los dos gestores y el expresidente de la cooperativa.

Según el fiscal Manuel Torralba, de estos tres señores fue la "ocurrencia" de reactivar una cooperativa de VPO en plena efervescencia de la crisis inmobiliaria. "Toda la apariencia de legalidad era virtual. Montaron este tinglado para conseguir dinero de los cooperativistas y llevárselo de la forma más cómoda posible. Si por casualidad salía bien el proyecto, pues mejor. Pero su finalidad principal no era construir los 124 pisos", indicó.

Para la acusación pública, el resto de encausados –Bárbara Menéndez, Tomás Laviña, Fernando Benito, Pedro Garcés y Julián Seral– desempeñaron un papel secundario pero necesario, ya que los ‘cerebros’ de la estafa los utilizaron para descapitalizar la cooperativa y asegurarse una serie de comisiones. Por ello y por su colaboración durante el juicio, la Fiscalía propone ahora para ellos penas muy inferiores.

A la mujer de Pinilla –Bárbara Menéndez– le retira los cargos penales y la considera únicamente partícipe a título lucrativo. Para los otros cuatro, Torralba solicita condenas de 2 años de cárcel, lo que les permitirá evitar el ingreso en Zuera siempre que abonen las indemnizaciones que en caso de condena se fijen en sentencia. De hecho, el principal objetivo del ministerio público ha sido recaudar el mayor dinero posible para resarcir –aunque sea mínimamente– a las 86 familias damnificadas.

Las acusaciones particulares coinciden en gran medida con las tesis de la Fiscalía, pero entienden que en el grupo de ideólogos de esta macroestafa debería figurar también el acusado Tomás Laviña Pinilla, para el que solicita los mismos doce años que para Pinilla, Álvarez y Villalba. Para el resto, como el fiscal, exigen dos años de prisión, pero con indemnizaciones más elevadas.

"El señor Pinilla no ha cobrado absolutamente nada de la cooperativa, cuando por contrato le correspondían el 8% de todos los pagos", manifestó ayer la letrada Eloisa Gimeno en defensa del considerado principal encausado y ‘hombre en la sombra’. Como el resto de defensores, insistió en que en ningún momento pretendieron llevarse el dinero de los cooperativistas y en que el fracaso del proyecto se debió a la crisis y a la falta de financiación para sacarlo adelante.