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Zaragoza

El arzobispado estudiará si se querella contra la exnotaria que le acusó de espionaje

El abogado Enrique Trebolle, uno de los letrados del arzobispado, ha apuntado que estudiarán "con exhaustividad, prudencia y reflexivamente la posibilidad de (iniciar) acciones penales".

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, y el vicario general, Manuel Almor, en los juzgados.
La Audiencia anula la causa abierta contra el arzobispo por revelación de secretos
A. Navarro

Los representantes legales del arzobispado de Zaragoza estudiarán la posibilidad de iniciar acciones legales contra la exnotaria de un juzgado eclesiástico que denunció la intervención de su ordenador, una causa que ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el abogado Enrique Trebolle, uno de los letrados del arzobispado junto a Francisco García Berenguer y Ernesto Gómez-, quien ha apuntado que estudiarán "con exhaustividad, prudencia y reflexivamente la posibilidad de (iniciar) acciones penales", al tiempo que ha añadido que si desde el punto de vista jurisprudencial resulta viable "aconsejará al arzobispado iniciar esas acciones penales correspondientes".

La Audiencia Provincial de Zaragoza, en un auto fechado el pasado 2 de mayo, ha anulado la causa abierta contra el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, por la denuncia interpuesta por una exnotaria de un juzgado eclesiástico por la intervención de su ordenador.

Además del arzobispo fueron investigados en esta causa el ecónomo diocesano Ernesto Meléndez y el perito informático Jorge Pina.

Junto a Trebolle y Gómez -abogado del Arzobispado-, ha comparecido el portavoz de la institución, José Antonio Calvo, quien ha apuntado que con el auto de la Audiencia Provincial "ha quedado clara la legitimidad del arzobispado para desarrollar una facultad inspectora" sobre el ordenador de trabajo de la empleada (María del Carmen Amador) dirigida a confirmar la "vehemente sospecha" de que era ella quien emitía mensajes difamatorios sobre la institución, en la que desarrollaba un trabajo que requiere un alto grado de confianza.

Ha añadido que desde ese ordenador se realizaron filtraciones a terceros y a periodistas y que dicha legitimidad "se apoya en sentencia del Tribunal Constitucional".

Además el auto, que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa y contra el que no cabe recurso, deja de manifiesto que el despido de la exnotaria fue "moralmente procedente" ya que las "malas prácticas profesionales" lo justifican pese a que fue declarado improcedente porque formalmente así lo era, pero el asunto era tan grave que "resultaba obligado", ha dicho.

Calvo ha recordado además que contra María del Carmen Amador e Ignacio Ferrer, exjuez del tribunal interdiocesano de Zaragoza de Primera Instancia, existe abierto un proceso penal y contra ambos y el exprofesor Antonio Mas existe un proceso canónico que, tras el visto bueno de la signatura apostólica, se está instruyendo en el Tribunal de la Rota de Madrid.

No obstante, no ha querido hacer más declaraciones sobre estos procesos dado que desde el Arzobispado prefieren esperar a tener el fallo de la judicatura, como también han hecho en este caso, pese a que ello les pueda "perjudicar", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado los daños "que de modo fehaciente" se han causado a la persona del arzobispo, el ecónomo y el perito informático.

Trebolle ha insistido en que el auto considera que "no ha sido debidamente justificada la perpetración del delito" del que la exnotaria acusaba al arzobispado.

De hecho, la Audiencia considera que la actuación del arzobispado fue "legítima, justificada, proporcional e idónea" al ser el único medio para confirmar la sospecha de que era la exnotaria quien emitía "mensajes difamatorios" y "filtraciones sobre procedimientos canónicos".

Por ello, ha apuntado que se estudiará la viabilidad de presentar una querella contra ella, un estudio que, según el abogado del arzobispado, Ernesto Gómez, debería centrarse en que el derecho infringido es el derecho constitucional al honor.

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