"Aunque posiblemente ya no les sirva de nada, quiero aprovechar que están hoy aquí para pedir perdón a las víctimas del accidente", dijo ayer Francisco José Nuez tras reconocerse único responsable del aparatoso choque múltiple registrado el 17 de julio de 2013 en el paso subterráneo de la rotonda de la MAZ y aceptar una pena de tres meses de prisión. El militar, que aquella mañana circulaba con una tasa de alcohol de 0,91 mg/l, perderá también durante dos años el carné de conducir. Y falta por ver cómo se resolverá el expediente interno que como autor de un delito le abrirá el Ejército de Tierra, ya que esta condena podría comprometer incluso su futuro en las Fuerzas Armadas.

La aseguradora Generalli ha destinado más de 152.000 euros a indemnizar a los cuatro heridos graves del siniestro y a la empresa propietaria del camión cisterna, que fue declarado siniestro total. Era su obligación hacerlo, por ser la compañía con la que el causante del accidente tenía contratada la póliza. Sin embargo, al quedar acreditado en el juicio que el militar superaba la tasa penal de alcohol, Generalli podrá ejercer ahora acciones legales contra él para reclamarle todo el dinero desembolsado.

Cuando esperaban a ser llamadas a declarar ante el juez, las víctimas reconocían ayer en los pasillos de la Ciudad de la Justicia que estaban allí "de milagro". Para la Guardia Civil, no fue tanto la providencia sino la valiente y rápida actuación de un joven de Utebo la que evitó la tragedia, ya que este apagó con una toalla y un pequeño extintor las llamas que empezaban a salir del motor de uno de los turismos siniestrados. Según el atestado de la Benemérita, de no haberlo hecho, los 4.000 litros de gasoil derramados sobre la calzada habrían ardido. Y en ese primer momento todavía había varias personas atrapadas en los vehículos sin poder salir.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de cárcel algo mayor, pero el acuerdo con la defensa, a cargo del letrado Óscar Espinosa– y el reconocimiento de culpa por parte del acusado redujo esta a tres meses. Además, todas las partes se mostraron de acuerdo con la suspensión de la pena para que el militar no entre en prisión. Lo que sí reclamó la Fiscalía y el abogado José María Viladés, en representación de la empresa Aragón Oil, fueron 3.600 euros más en concepto de daños. En concreto, por el coste que supuso a la propietaria de la cisterna alquilar otro vehículo para abastecer a los clientes.