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ZEC pide el crédito ICO de 33 millones para sentencias, pese a que varias no son firmes

Este fondo estatal solo financia fallos judiciales que no estén recurridos, pero el gobierno municipal sostiene que se pueden incluir los que ya estén en fase de pago.

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de firmar el crédito de 33,7 millones de euros tras acceder al fondo Impulso habilitado por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar sentencias. Pero en varios casos los fallos judiciales que se quieren atender con cargo a esta línea de financiación no son firmes, en contra del principal requisito exigido por el Ministerio de Hacienda.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, dará cuenta de la suscripción de este crédito a bajo interés, así como de la modificación presupuestaria que implica, en la comisión de su Área, que se celebrará el próximo viernes. Su propuesta supone un cambio sustancial respecto a lo previsto inicialmente por el Consistorio, dado que eleva de 25 a 33,7 la cantidad de sentencias financiadas.

Pero no es la única modificación, forzada según el gobierno de ZEC por la premura de los plazos para pedir estos préstamos. En un principio, y así consta en la resolución del Ministerio de Hacienda por la que se autoriza esta línea de crédito para Zaragoza, se iban a abonar tres fallos judiciales: uno obligaba a pagar a Tuzsa 15 millones de euros y otros dos implicaban abonar 10,8 y 7,9 millones a FCC. La primera de estas sentencias es firme, pero no las otras dos.

El interventor ya advierte en su informe que la de 7,9 millones de FCC no se puede pagar con cargo al fondo Impulso. Pero informa de que la de 10,8 millones de FCC, de los que 2 se abonaron el año pasado, acaba de ser ejecutada en su integridad por orden judicial, por lo que podría considerarse que el Ayuntamiento habría adelantado el dinero a la espera del crédito ICO. No obstante, pese a su ejecución, la sentencia sigue sin ser firme.

Deuda de Tuzsa

Por otro lado, en el expediente se cita el acuerdo con Tuzsa para liquidar provisionalmente deudas mutuas por sentencias con un saldo a favor de la antigua contrata del bus de 21,1 millones de euros (incluye el fallo judicial de 15 millones, que es firme, y otros que están apelados). De esos 21,1 millones, 5,4 millones son intereses de demora y 15,6 corresponden al principal de la deuda.

Por lo tanto, con los 33,7 millones se van a atender los 5,4 millones de intereses de demora de Tuzsa. De los 28,2 millones restantes, se pagarán 8,8 que faltan por abonar a FCC y 15,6 a Tuzsa, dejando un margen hasta el 30 de noviembre para asumir otros gastos judiciales que se puedan producir durante el ejercicio, según informaron fuentes del gobierno.

Según esas fuentes, todos los procesos judiciales que se quieren financiar con el fondo Impulso, aunque algunos no sean firmes, están en vías de ejecución, es decir, de pago. Es el caso de las sentencias de Tuzsa y de FCC. Añadieron que Hacienda ha admitido esta solución, pese a que en su resolución dice que solo se podrán incluir sentencias "que hayan adquirido firmeza antes de formalizar el préstamo con el ICO". Y el crédito está firmado.

Es más, la póliza indica que el préstamo solo permite atender el pago de sentencias firmes y que si se comprueba "inexactitud u ocultación" en los datos facilitados por el Ayuntamiento hay motivo para anular el contrato de crédito. Desde el gobierno informaron de que este proceso cuenta con el aval del interventor. Es más, añadieron que se ha recurrido al fondo Impulso con el objetivo de saldar cuanto antes estas deudas y no seguir acumulando intereses de demora (en 2016 se abonaron 15,4 millones de euros frente a los 5,6 de 2015).

El PP teme perder la financiación

Pero el PP no compartió las tesis del gobierno de ZEC y consideró que se está incumpliendo uno de los requisitos del fondo Impulso. "El Ayuntamiento solo puede acudir al fondo de rescate con sentencias firmes. Se quieren pagar fallos judiciales que los tribunales pueden dar la vuelta", declaró el portavoz popular, Jorge Azcón. Es más, recordó que la decisión del gobierno podría suponer "la cancelación del contrato de crédito y la pérdida de toda la financiación por haber mentido".

Azcón indicó que la ejecución provisional de una sentencia no significa que esta sea firme. "Esto evidencia que hay un gobierno que no sabe hacer las cosas. Los ciudadanos al final se pueden ver obligados a tener que pagar más por la inexperiencia y desconocimiento de ZEC", afirmó.

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