El exgerente y los dos actuales responsables de una residencia para la tercera edad de Zaragoza han sido detenidos por un presunto delito de estafa, al aprovecharse del delicado estado de salud física y mental de varios usuarios para obtener indebidamente dinero de sus cuentas corrientes.

La investigación, según las consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del ejecutivo autonómico, se inició a partir de la denuncia de los inspectores de centros que habían recibido el aviso de dos ex trabajadoras de una céntrica residencia para la tercera edad de la capital aragonesa, en la que daban cuenta de diversas irregularidades en su funcionamiento.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han informado de que entre los hechos denunciados constaba la presunta apropiación de dinero por parte del anterior propietario y gerente de la empresa, A.R.M.A., de 46 años, hacia uno de los residentes aprovechándose de la situación de vulnerabilidad e influenciabilidad y la carencia de apoyo familiar del anciano.

Tras analizar la cuenta corriente del anciano se constató que de junio de 2015 a junio de 2016, durante la regencia del investigado, se habían realizado reintegros de la cuenta por valor de 26.500 euros, cantidad que la policía considera "desorbitada" para un anciano dependiente físicamente y que, además, tenía el pago de la residencia domiciliado.

En la investigación también se constató que con el cambio de dirección de la empresa en junio del pasado año, que paso a ser explotada por N.V.N., de 40 años, y su esposa, L.N., de 36, se había producido un traspaso de fondos a la cuenta corriente del anciano por valor de 10.000 euros, parte reintegrado mediante tarjeta de crédito.

Las investigaciones policiales revelaron que durante el tiempo de regencia de A.R.M.A., éste acompañaba al anciano a la oficina bancaria para realizar los reintegros, y era el detenido prácticamente el único que hablaba debido al deteriorado estado mental y físico del residente.

A partir del cambio de regencia de la residencia, era N.V.N. quien acompañaba al anciano para el traspaso de fondos y, seguidamente, realizaba extracciones con la tarjeta bancaria del anciano.

En el transcurso de la investigación se averiguó que a otra anciana de la residencia, que se encontraba en proceso de incapacitación judicial debido a su estado mental y que carecía de apoyo familiar, también le habían sido reintegradas cantidades elevadas de su cuenta corriente por parte del matrimonio.

La residencia ya tenía abierto un expediente sancionador, entre otras cuestiones, apuntan desde Servicios Sociales, porque tenía licencia para personas válidas y a pesar de ello, atendía a asistidos.

Las investigaciones han sido desarrolladas por miembros del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Zaragoza.