La Audiencia de Zaragoza ha decidido castigar con sendas penas de dos años de prisión a Luis Miguel Solanas Rodríguez y Mercedes Oliete Asensio, pareja a la que la Fiscalía sentó ayer en el banquillo por regentar durante casi año y medio un restaurante sin pagar ni el alquiler del local (2.000 euros mensuales) ni la factura de la luz (otros 1.000). Para el ministerio público, el engaño fue premeditado, ya que los acusados hicieron creer a los arrendatarios que tenían una solvencia de la que en realidad carecían.

Además de no cobrar la renta y tener que correr con los gastos de suministro eléctrico, los dueños del local acabaron imputados por un presunto delito de estafa. Porque al saber que iban a echarles por impago, los acusados se inventaron una denuncia contra ellos para frenar el desahucio. Aquella querella se archivó enseguida, pero la perversa estrategia permitió al matrimonio seguir explotando varios meses más el negocio sin coste alguno.

Además de a Luis Miguel Solanas y Mercedes Oliete, la Fiscalía acusaba también inicialmente a Tatiana S. L., hija del primero, por ser ella quien firmó el contrato de arrendamiento. Para cada uno de ellos solicitaba penas de cinco años y medio de cárcel por delitos de estafa y apropiación indebida. La acusación particular, que en nombre de los propietarios del restaurante ejercía el letrado Jesús Pérez Santander, solo había presentando cargos contra la pareja, para la que pedía un total de once años y medio de prisión.

Finalmente, las acusaciones y las defensas alcanzaron un acuerdo que abrevió bastante el juicio. Conforme a lo pactado, la Fiscalía retiró los cargos contra la joven Tatiana S. L., al estimar que actuó a las órdenes de su padre, ajena a los ilícitos planes de este. La pareja reconoció el engaño y admitió la condena por estafa, pero logró que le retiraran el resto de delitos que le atribuía. Ello hizo que sus penas se vieran reducidas de forma considerable.

Si no pagan, irán a prisión

La Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza suspenderá la condena y el matrimonio no tendrá que ingresar en Zuera. Sin embargo, para ello han tenido que desembolsar 6.000 euros y comprometerse a abonar el resto de la deuda, hasta 43.000 euros, en pagos mensuales. Porque si dejaran de cumplir con sus obligaciones, la medida de gracia les sería revocada y acabarían entrando en prisión.