El Ayuntamiento de Zaragoza tramitó entre 2013 y 2016 un total de 1.351 denuncias por venta ilegal, pero no impuso ninguna sanción. Así consta en un informe municipal, que se elaboró tras una pregunta del PSOE y que achaca que no haya multas "a la grave situación económica" de las personas denunciadas. El documento aboga por impulsar medidas de atención social.

Según el informe, que se dio a conocer ayer en la comisión de Servicios Públicos y que recoge datos de la época de gobierno de ZEC y de la del PSOE, en 2016 hubo 286 denuncias, frente a las 234 de 2015. No obstante, hay un descenso respecto a los dos años anteriores, con los socialistas en la alcaldía: 375 en 2014 y 456 de 2013.

Los técnicos no aclaran los lugares, pero fuentes municipales indicaron que la mayoría fueron en el rastro del parquin sur de la Expo. ZEC ha recibido críticas de inacción ante la venta ilegal en ese mercadillo. En concreto, por retirar la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) los domingos por la mañana.

El documento precisa que la potestad sancionadora es de la DGA, con multas que oscilan entre los 3.000 y los 25.000 euros. Pero advierte que desde el punto de vista jurídico y social no está justificada la sanción. Cita que se venden objetos y enseres "de escaso valor económico" con el propósito de "proporcionarse algún medio de subsistencia".

El informe sostiene que algunos de los vendedores, que "no son profesionales de la actividad", residen en instituciones de amparo social. "Agravar mediante la imposición de una sanción una situación como la relatada nada aporta al bienestar de la sociedad", dice. El documento cita como eximente de responsabilidad criminal el "hurto o robo famélico", que se produce cuando el autor de un hecho punible actúa "por un estado de necesidad".

Según el escrito, el cobro de las sanciones era "imposible" y "no solo no hubiera solucionado el problema, sino que se habría agravado injustamente la situación personal y social de las personas denunciadas". Y recuerda que tratar de cobrar la sanción podría suponer un mayor coste que su cuantía. Además, los técnicos se quejan de la falta de personal y medios.

La concejal del PSOE Marta Aparicio defendió que una eximente completa "debería quedar acreditada". "Se han tirado a la basura de 520 denuncias de la policía", dijo Aparicio en referencia a las tramitadas en la época de ZEC. "Si las cosas se hicieran bien debería abrirse el expediente, pedir informe a los servicios sociales y si hay una situación de extrema necesidad, no sancionar. Deberíamos ayudar a esas personas", dijo Aparicio, que pidió multar a quienes "se aprovechen del sistema". "Es dejación de funciones", criticó.

Cubero recordó que se da la misma situación que cuando gobernaba el PSOE. "Este es un debate social", dijo el edil, que recordó que algunas de las personas denunciadas vendían "unas zapatillas rotas o dos pepinos". "Hay gente que ponía su domicilio social en el albergue. No tienen capacidad económica y no es un problema que se vaya a resolver de forma punitiva", declaró.

"No se ponen multas, igual que en la anterior legislatura, en la que tampoco se pedían informes a los servicios sociales", admitió Cubero, que concluyó: "Es imposible resolver todas las injusticias sociales si no hay una colaboración del conjunto de administraciones".

Críticas del PP

El PP también citó el rastro. Se centró en la orden de retirar a la UAPO de la vigilancia del mercadillo, aunque en las últimas semanas está controlando la instalación de los puestos ilegales los sábados por la tarde. El edil José Ignacio Senao aludió a que esta rectificación podría ser "momentánea" y recordó que el concejal de Servicios Públicos se refirió a esta unidad como "intimidatoria". Afirmó que se venden "objetos robados y alimentos sacados del contenedor". Cubero no contestó y se remitió a una comparecencia anterior de la delegada de la Policía Local, Elena Giner.