Suspendidos los pleitos contra la plusvalía a la espera de que decida el Constitucional

Los tribunales están suspendiendo los procesos judiciales abiertos contra el pago de la plusvalía al Ayuntamiento de Zaragoza. El motivo es la necesidad de aguardar a una próxima decisión del Tribunal Constitucional (TC), después de un reciente fallo de este órgano judicial que elimina el cobro de este tributo en las haciendas de Guipúzcoa y Álava cuando se demuestre que no ha habido aumento de valor del inmueble.

Así lo anunció ayer el concejal de Economía, Fernando Rivarés, que advirtió de que se solicitarán compensaciones al Estado si finalmente se pierde recaudación tras la previsible modificación de este impuesto, que grava el incremento del valor del suelo en el momento de una compraventa, herencia, donación o usufructo.

Según informó el Ayuntamiento, que no aclaró los casos que podrían quedar suspendidos, los juzgados de lo contencioso administrativo están remitiendo providencias a las partes personadas en los procedimientos, entre ellas el Ayuntamiento, para confirmar que van a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Haciendas Locales relativos a la plusvalía.

Hay que tener en cuenta que después de la sentencia que afecta a las haciendas de Guipúzcoa y Álava ya obra en el TC una cuestión de inconstitucionalidad que tendría efectos en todo el Estado. La previsión con la que juegan los ayuntamientos es que esta sentencia impida el cobro del impuesto si no ha habido incremento de valor, lo que puede tener un fuerte impacto en la recaudación municipal, por el acusado descenso de los precios de la vivienda en los últimos años. Precisamente esta situación ha disparado las reclamaciones judiciales contra este impuesto.

De hecho, los tribunales habían empezado a dar la razón a los contribuyentes frente al Ayuntamiento. Según informó Rivarés, se han dictado un total de 68 sentencias judiciales firmes desde 2016 referidas a impugnaciones del pago de este impuesto, de las que 21 fueron desfavorables para el Ayuntamiento de Zaragoza. En 41 casos la decisión del juez dio la razón al Consistorio, por lo que pudo cobrar el polémico tributo. Además, hubo otros cuatro casos parcialmente favorables, uno más en el que el tribunal manifestó que no era competente y en otro en el que se inadmitió el recurso.

Estos datos se pusieron de manifiesto en la comisión de Economía celebrada ayer, en la que el PP preguntó por el impacto económico en las arcas municipales de la sentencia del Constitucional. Rivarés no lo aclaró y dijo que "sería menor de lo que algunos podrían pensar".

Se limitó a explicar que la minusvalía no se constata al comparar el precio de compra y de venta, sino tras un peritaje que confirme una disminución del valor del terreno. Hay que tener en cuenta que la plusvalía se calcula con el valor catastral del suelo, que no responde al de mercado. Estos valores se dispararon en Zaragoza por el efecto de la revisión catastral de 2013.

La concejal del PP María Navarro consideró que "a efectos de recaudación puede ser un problema" y recordó que la sociedad Tinsa estimó en 10.000 el número de inmuebles afectados por minusvalías en la provincia de Zaragoza. Rivarés pidió esperar al Constitucional y a los cambios que impulse el Estado en el impuesto. "Si es gravoso para los ayuntamientos, pediremos una compensación", insistió.