El empresario que captaba millones para superproyectos ficticios acabará en el banquillo en julio

Las dotes de persuasión de Enrique Irazabal Serrano (San Sebastián, 1946) para captar dinero para su negocio imaginario son tales que su modelo de (presunta) estafa estuvo a punto de convertirse en tesis doctoral como si fuera un proyecto empresarial a imitar. Fueron los damnificados por su actividad –ahora calificada de delictiva– los que sacaron de dudas al doctorando y le hicieron ver que no parecía lo más adecuado bendecir académicamente una presunta estafa de libro.

Esos perjudicados eran empresarios y particulares, varios de Zaragoza, que habían caído en su red y le habían entregado 4,8 millones de euros para un superproyecto que había presentado en Gallur en 2006 con una gran puesta en escena y prometiendo invertir 49 millones y crear 350 empleos.

Enrique Irazabal se había presentado en la localidad zaragozana utilizando el nombre de Ernesto Medina, un abogado residente en Florida que lo había asistido en 1994 ante la Corte Federal de Miami, cuando fue condenado a 5 años de cárcel por fraude y uso de identidades falsas. Como Medina dijo ser apoderado de la empresa Scinet Corporation y como tal llegó a firmar una reserva de suelo público de 317.000 en el polígono Monte Blanco.

El proyecto que presentó Irazabal iba a poner a Gallur en el mapa internacional como sede de una gran planta ensambladora de contenedores multiusos fácilmente transportabais a países del tercer mundo. Esas miniplantas iban a ser capaces de albergar desde potabilizadoras a hornos de pan o pequeños hospitales. Supuestamente avalado por el Ministerio de Industria, su plan no solo era lucrativo sino que le aportaba un plus de solidaridad con los más desfavorecidos.

Afortunadamente, el entonces alcalde de Gallur, Antonio Liz (CHA), ante lo asombroso del proyecto y las facilidades que el consistorio iba a darle para instalarse, tomó precauciones y le impuso un amplio pliego de cláusulas para recuperar los suelos en caso de que no saliese adelante. El tiempo le dio la razón y cuatro años después y tras verse obligado a llevarlo a los tribunales, el consistorio logró rescindir el contrato y quedarse con los 19.020 euros que había puesto Irazabal de fianza, una de las pocas sumas que ha debido perder en su vida.

Ni un tornillo

Las investigaciones impulsadas por los perjudicados les permitieron averiguar que Irazabal no ha comprado un tornillo en su vida y que todo el dinero que le entregaron, a través de captadores, lo envió a paraísos fiscales y cuentas en el extranjero para su familia, que reside en Estados Unidos. La Fiscalía le acusa de delitos de creación de organización criminal, pertenencia a la misma, estafa continuada, falsedad en documento público, oficial y mercantil, y blanqueo de capitales y le pide 16 años y 10 meses de cárcel. Con él serán juzgado seis cómplices. La Audiencia ha fijado la vista oral para la primera semana de julio.