La ley de capitalidad desvirtúa la aportación anual fija a Zaragoza y no le permite la aprobación final del PGOU

El concepto de fondo para la ciudad desaparece y el mínimo de 8 millones previsto queda a expensas de otra norma. El acuerdo de Santisteve y Lambán recorta las competencias en urbanismo que pactaron los grupos municipales.

Asensio, Rivarés, Navarro y Fernández, en la reunión de ayer. El PSOE decidió no asistir.
Asensio, Rivarés, Navarro y Fernández, en la reunión de ayer. El PSOE decidió no asistir.
José Miguel Marco

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, firmó el viernes con el presidente de Aragón, Javier Lambán, el acuerdo para tramitar la futura ley de capitalidad pese a que la normativa supone un severo recorte a las aspiraciones en materia urbanística que habían pactado los grupos municipales, dado que el Ayuntamiento no podrá aprobar definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pero además la norma ni siquiera recoge la singularidad de la ciudad con el concepto de fondo de capitalidad: solo se incluye una disposición transitoria que garantiza un mínimo de 8 millones hasta que haya una ley que regule la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad y determine lo que le corresponde a Zaragoza.

La norma pactada entre el gobierno de ZEC y el Ejecutivo PSOE-CHA dinamita el consenso político que se había alcanzado y echa por tierra gran parte de las previsiones de los grupos municipales, acordadas el 3 de diciembre de 2015 por unanimidad y que eran la base para la presente negociación con el Ejecutivo autonómico. Como aspecto relevante, la DGA ha conseguido frenar el intento municipal de mejorar sus competencias en materia de planeamiento. De hecho, se modifica por completo el artículo 14, el referido al urbanismo, que habían pactado los partidos.

Incumplimiento electoral

La competencia de aprobar definitivamente el PGOU y sus revisiones es en la actualidad de la DGA. Pero para el Ayuntamiento era un gesto de reconocimiento a la autonomía municipal que Santisteve no ha sabido arrancar. Y eso que el propio PSOE se había comprometido en su programa electoral a lograr ese objetivo. El Ayuntamiento tampoco tendrá capacidad para culminar la tramitación de modificaciones sustanciales, planes especiales o de desarrollo de ordenación territorial.

El acuerdo del presidente autonómico, Javier Lambán, y Santisteve modifica con profundidad las previsiones que tenía el Ayuntamiento en materia de ordenación del territorio, vivienda o protección del patrimonio. Por ejemplo, desaparece del articulado el acuerdo de que el Consistorio recibiera el 50% de las cesiones de aprovechamientos urbanísticos en los planes de interés general de Aragón (PIGA) que afecten a la capital. Se respeta al menos que el Ayuntamiento informe con carácter previo a este tipo de proyectos, pero no tendrá carácter vinculante.

Santisteve también acepta que se suprima un apartado referido a la protección del patrimonio cultural: Zaragoza ya no tendrá "la competencia exclusiva" para la autorización de las intervenciones en los bienes y conjuntos protegidos por sus instrumentos de planeamiento. Lo mismo ocurre con obras en entornos de los bienes de interés cultural.

Las competencias en vivienda que acordaron los partidos también salen tocadas. Si el anteproyecto pactado por los grupos previó que el acuerdo para eximir a Zaragoza de reservar suelo para VPO precisaba solo de la adopción "motivada" por parte del Ayuntamiento, ahora será la DGA la que tome la decisión, "previo informe municipal".

Revés económico

La ley de capitalidad supone además un revés económico para el Consistorio. No solo se renuncia al acuerdo de llegar a los 50 millones de euros para el fondo de capitalidad, pensado para reconocer los costes adicionales soportados por Zaragoza, como acordaron los partidos en diciembre de 2015. Es que el concepto de fondo de capitalidad ni aparece: solo está una disposición transitoria de 8 millones, a la espera de la ley de participación de los municipios en los ingresos de Aragón. Al margen están los convenios (13,5 millones, frente a los 10 actuales, que se incrementarán 1,5 cada año hasta 2020). Y todo en un contexto en que Zaragoza asumirá nuevas competencias en materia social, siempre costosas.

Las cuantías tampoco se acercan a las que ofertó el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi en 2015 (llegaban a 24 millones en 2021 y en 2017 hubieran sido ya 8), siempre y cuando los incrementos de los ingresos de la DGA superaran el 2,5%. Lambán y el PSOE municipal decidieron bloquear este acuerdo en puertas de las elecciones de hace dos años.

También se retira del acuerdo el apartado pactado por todos los grupos de fijar por ley una aportación de la Diputación Provincial. No en vano, la base de la negociación acordada en diciembre de 2015 establecía que la administración provincial facilitaría un 20% del importe de ingresos presupuestarios del año anterior. En la etapa del PP se estimó esa inyección económica en 5,5 millones. La ley de capitalidad solo hace referencia al convenio para hacer obras en los barrios rurales, ya existente.

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