La jueza del Contencioso-Administrativo número 4 ha citado hoy en el juzgado a la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza), al Ayuntamiento de la capital aragonesa, a las trabajadoras del 010 y a la empresa Pyrenalia para decidir si mantiene o no la suspensión del rescate del servicio de atención telefónica. El pasado viernes, la magistrada decidió paralizar de forma cautelar el acuerdo que adoptó el gobierno de ZEC para que el Ayuntamiento empezara a gestionar directamente el servicio desde mañana, día 1 de marzo. Ahora, debe determinar si mantiene estas medidas cautelares o las levanta, una decisión que no tiene por qué tomar hoy mismo.

Sin embargo, los empresarios acordaron recurrir esta decisión el pasado jueves, y solo un día después la jueza accedió a suspenderla al menos hasta que hoy pueda escuchar a las partes. La urgencia de la decisión se justificó, según refleja el auto, en la cercanía del 1 de marzo, fecha a partir de la cual tendría efecto real la medida adoptada por el gobierno municipal. Sin embargo, en el auto también se aclara que esa suspensión es provisional, y que no se entra en el fondo del asunto "teniendo en cuenta la escasa información que hasta el momento se tiene".

A día de hoy, Pyrenalia –que adeuda varias nóminas a las trabajadoras– sigue gestionando el servicio con un contrato que expiró, y que se ha prorrogado para no dejar desatendido el teléfono municipal, a pesar de que la empresa ha pedido varias veces dejarlo. Desde mañana tendría que pasar a ser gestionado por el Consistorio, pero si la jueza decide mantener la suspensión –o si aún no se pronuncia–, Pyrenalia deberá seguir al frente por un tiempo más.

A la vista de hoy en los juzgados acudirán, en principio, los letrados de la CEOE y del Ayuntamiento. Además, en el auto dictado el pasado viernes, la jueza también citó a "los trabajadores afectados por la decisión administrativa" y a la empresa Pyrenalia. A estos dos últimos afectados debe convocarlos el propio Consistorio.

Una vez se decida si se mantienen o no las medidas cautelares –en las que no se entra en el fondo del asunto–, el procedimiento seguirá su curso a la espera de que haya una sentencia definitiva, decisión que supuestamente se alargará durante varios meses.