El Ayuntamiento sostiene en el juzgado que el caso del 010 es “un pleito político”

Las partes implicadas en la municipalización del 010 han pasado este martes por el juzgado para defender sus argumentos a favor y en contra de que la jueza mantenga la suspensión del rescate de la contrata, que decretó el pasado viernes. En las próximas horas o en los próximos días, la magistrada deberá decidir si mantiene esta medida cautelar hasta que haya un fallo definitivo, o si levanta esta decisión y permite que el contrato de atención telefónica pase a depender del Ayuntamiento.

Han solicitado que se prolongue la suspensión del rescate tanto el representante de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE) -que presentó el recurso original- como el abogado del Estado, que se ha personado en la comparecencia tras presentar otro recurso esta misma semana. Por su parte, han pedido que se levante esta medida el abogado del Ayuntamiento, el de 13 de las 14 trabajadoras y el del sindicato Comisiones Obreras, que también hace de representante de la otra trabajadora del 010.

Los representantes de la CEOE y del Estado han coincidido en argumentar que si se levantan las medidas cautelares se causaría “un daño irreparable”. “Difícilmente podría reponerse la situación a su estado anterior”, ha señalado el abogado de la CEOE, Rafael Alcázar. “Se generarían situaciones de hecho y de derecho cuya posterior remoción provocaría graves problemas”, ha añadido el abogado del Estado Rafael Santacruz.

Por su parte, tanto la defensa municipal (Carlos Navarro del Cacho) como de las trabajadoras (José Manuel Aspas y Serafín Pérez Plata) han incidido en la supuesta “falta de legitimidad” de la CEOE para presentar el recurso -han anunciado que interpondrán una causa de inadmisión-, y han criticado que los empresarios aludan a una supuesta defensa de los derechos de las trabajadoras, cuando son ellas las que piden que se rescate la contrata. Además, han negado que la entrada en vigor del acuerdo municipal de rescate de la contrata suponga un hecho irreversible, y han pedido el levantamiento de la cautelar.

El abogado del Ayuntamiento, Carlos Navarro del Cacho, ha dicho que este se trata de “un pleito político”, ante lo cual la jueza ha aclarado que resolverá “en derecho”. Además, el letrado municipal ha resaltado el hecho de que la CEOE aluda en su recurso a un informe del interventor municipal: “O es el interventor el que ha hecho la demanda o es la parte actora quien ha hecho el informe del interventor”.

También ha comparecido como testigo el administrador único de la empresa Pyrenalia, Juan Manuel Álvarez, quien ha dicho que su empresa está en condiciones de mantener la prestación del servicio si fuera necesario, pese a las dificultades que ha reconocido que han tenido para abonar el sueldo de las empleadas. El acuerdo municipal de rescate que ha sido recurrido determinaba que Pyrenalia dejaría de prestar el servicio desde este miércoles, 1 de marzo, fecha a partir de la cual pasaría a depender del Ayuntamiento.