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Zaragoza

El juzgado suspende de forma cautelar el rescate del 010 después del recurso de la CEOE

La jueza convoca a las partes el próximo martes para decidir si mantiene la medida provisional. La Delegación del Gobierno da orden de recurrir también la internalización del servicio. Santisteve se queda solo en su defensa del expediente frente a la oposición, que le exige rectificar.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ayer en el pleno junto al concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero.
El juzgado suspende de forma cautelar el rescate del 010 después del recurso de la CEOE
Aránzazu Navarro

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 suspendió ayer de forma cautelar la decisión de ZEC de rescatar el servicio de atención telefónica 010 del Ayuntamiento de Zaragoza tras el recurso interpuesto el jueves por la organización empresarial CEOE. La medida se adoptó un día después de conocerse un informe del interventor que sumaba más irregularidades a esta municipalización.

La jueza citó a las partes a una vista que se celebrará el martes para determinar si mantiene las medidas cautelares o las levanta. Según el auto, están citados el Ayuntamiento, CEOE Zaragoza, las trabajadoras y la empresa Pyrenalia, adjudicataria del 010 y que seguirá prestando el servicio. La suspensión afecta a la decisión de ZEC, adoptada el 13 de febrero, de poner fin a la prórroga de la concesión a Pyrenalia y subrogar a las empleadas. Estas dos medidas se iban a hacer efectivas el 1 de marzo.

El auto judicial se conoció durante el pleno en el que el alcalde comparecía a petición del PP para dar cuenta del rescate del 010. El encargado de anunciar la suspensión fue el concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, que insistió en que el gobierno no rectificará. "Seguiremos adelante. Tratarán de bloquearlo, pero nos resistiremos. Tratarán de amedrentarnos, amenazarnos, calumniarnos. Pero no tenemos miedo", afirmó. Al margen de los discursos grandilocuentes, Cubero garantizó la continuidad del servicio. Hasta que el juzgado no resuelva, las trabajadoras no se subrogarán y Pyrenalia mantendrá la gestión.

Pero a este problema judicial de ZEC se sumó el anuncio de la Delegación del Gobierno, que dio orden a la Abogacía del Estado de recurrir también el rescate del 010 por "vulneración del procedimiento establecido para incorporar nuevo personal al Ayuntamiento", al poderse estar incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Revés judicial y político

El revés para el gobierno de ZEC no solo fue judicial. Fue también político. La oposición no tuvo compasión con el alcalde. Especialmente duras fueron las críticas de la bancada de la izquierda, que exigió a Santisteve que paralice el rescate del 010.

Sin mencionar la suspensión cautelar, el alcalde justificó la municipalización por "la precariedad laboral" de las trabajadoras, a las que se les adeuda alguna nómina. Hizo hincapié en que el PP actúa "a través de sus intermediarios", en referencia a la CEOE. Y se aferró a las competencias del gobierno frente a la mayoría democrática del pleno. "Dejen ustedes de decir que el pleno es competente para todo. Al final van a ser ustedes los asambleístas", llegó a decir.

A su juicio, la oposición, que suma 22 de los 31 concejales, pretende "torpedear" el rescate del 010 con su mayoría. Se aferró al informe de la Asesoría Jurídica que respalda su tesis frente a la del interventor, quien sostiene que antes de subrogar a las trabajadoras se deben crear las plazas, decisión que es competencia del pleno. Y se erigió como responsable de dirimir "las discrepancias" entre servicios, pese a que el interventor le recuerda en su último informe que no respetó el procedimiento para hacerlo, motivo por el que el expediente acabará en el Tribunal de Cuentas.

"No me digan a mí que necesito la unanimidad de todos mis servicios técnicos para resolver esta cuestión", dijo Santisteve. El alcalde insistió en que en sus primeros informes el interventor no planteó "reparos suspensivos" y sostuvo que no entra en sus competencias una cuestión como la subrogación de la plantilla.

La oposición le dio un repaso al alcalde. PP, PSOE, Ciudadanos y CHA se centraron en los serios reparos expresados por el interventor, a los que ZEC piensa hacer caso omiso. Además, pusieron de manifiesto la falta de consenso y el encarecimiento del servicio que supondrá el rescate.

El PP afeó a Santisteve que no corrigiera las afirmaciones de Cubero, que acusó al interventor de hacer un informe "de parte". "Pida perdón al interventor general", le exigió el portavoz del PP, Jorge Azcón. Santisteve se negó a hacerlo. Después el edil popular reclamó una solución al embrollo causado por el proceso de municipalización. "No siga cavando más profundo el agujero en el que está", declaró.

"Despierte de su realidad. Hablamos de cumplir la ley", protestó Azcón, que reivindicó el papel de la mayoría democrática del pleno. Tras denunciar la "incapacidad para el diálogo" de ZEC, subrayó que como dice el interventor se ha vulnerado la ley. Y le recordó el artículo 404 del Código Penal, el que hace referencia a la prevaricación. "Anímeme a ir al fiscal", aseguró.

El PSOE fue durísimo. Su concejal Marta Aparicio acusó a los miembros del gobierno de "chapuceros y autoritarios" y pidió el cese de Cubero. Acusó a ZEC de "obedecer a los compromisos espurios con su tribu", de "echar por la borda su liderazgo" y de "despreciar la legalidad". "O toma esta decisión con respaldo del pleno o no la tomará", afirmó.

Recordó que ZEC no ha abierto expediente a Pyrenalia por el retraso en el pago de nóminas y concluyó: "Les dan igual las trabajadoras. Lo que quieren es avanzar en un modelo para que sectores afines a ZECse incorporen masivamente a la administración mientras miles de ciudadanos estudian oposiciones".

Sara Fernández, de Ciudadanos, insistió en los errores de procedimiento. "No quiero llamarles mafiosos, pero Al Capone cayó al final por no pagar impuestos", dijo. Incluso CHA, el único partido proclive a rescatar el 010, fue duro. Su portavoz, Carmelo Asensio, lamentó que el gobierno "se salte la ley" y reclamó que se paralice el proceso. "Las trabajadoras no merecen esto", afirmó.

"Guerra sucia"

Solo Cubero sacó la cara al alcalde. Además de sostener que el rescate es legal, lanzó una dura invectiva contra el interventor, a quien acusó de "dar argumentos a la oposición con un informe de parte". A su juicio, el alto funcionario "se ha equivocado" y llegó a insinuar que el interventor es más rápido en sus informes cuando los pide la oposición.

Pero por encima estuvo su ataque a la CEOE, a la que acusó de hacer "la guerra sucia" con su recurso judicial. Cubero afirmó que la patronal se presenta a las elecciones a través del PP, Ciudadanos y "de la gestora del PSOE", lo que indignó a los socialistas. "Los empresarios han dado el salto a la política. En los bloqueos e intentos de torpedear el proceso estaba detrás la CEOE. Peleamos en el pleno, en la calle y ahora en los tribunales", concluyó.

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