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El juez cita como investigado al concejal

El concejal de Servicios Públicos firmó el decreto que daba por bueno el montaje del recinto, en el que la caída de una viga de 5 metros hirió de gravedad a una mujer.

Alberto Cubero habla con los medios de comunicación la mañana después del accidente.
Alberto Cubero habla con los medios de comunicación la mañana después del accidente.
Raquel Labodía

El concejal de Personal y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, tendrá que comparecer el próximo 27 de febrero ante el juez que investiga el accidente ocurrido en la carpa de la Oktoberfest de Valdespartera el pasado 8 de octubre, en el que una mujer de 37 años sufrió un grave traumatismo craneoencefálico al caerle encima una viga de 4,90 metros de longitud.

El magistrado Rafael Lasala lo ha citado en calidad de investigado (antes imputado) para que aclare si el Ayuntamiento exigió y comprobó que el recinto cumplía con todas las exigencias de seguridad estructural y montaje, como se establece en la normativa. Alberto Cubero (ZEC), como máximo responsable político de Servicios Públicos, firmó los tres decretos que autorizaban tanto la instalación como la puesta en funcionamiento de la carpa de la cerveza y su plan de autoprotección de incendios. Para ello, contó con los informes técnicos preceptivos de los ingenieros y del Servicio Contra Incendios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha citado también como investigado a Enrique Asensio, jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, donde se tramitan las autorizaciones que luego aprueba el concejal. Este aseguró, entre otras cosas, que en la instalación de la carpa se había cumplido la ley.

No opinaron lo mismo los agentes de la Policía Científica que inspeccionaron el lugar del siniestro e hicieron un informe en el que llegaban a la conclusión de que la riostra se cayó por las deficiencias del montaje y el deterioro de los materiales y, principal y fundamentalmente, porque faltaban vigas en la estructura. Concretamente, 11 de las 288 que deberían haber sido colocadas. Pero lo más grave y quizás la causa última del accidente –aunque esto lo deberán confirmar los peritos– es que 6 de las 11 vigas que faltaban estaban situadas en la misma línea longitudinal de la que se desprendió la que causó el accidente.

Desequilibrio de fuerzas

Como explicaban los policías en sus diligencias, si se tiene en cuenta que en el espacio siguiente al que ocupaba la riostra caída tampoco había viga y que en el hueco se había anclado un tirante metálico (o Cruz de San Andrés), el resultado fue desequilibrio de fuerzas y tensiones. "En lugar del empuje en sentidos contrarios por la acción combinada del tirante metálico y la riostra, por ausencia de esta última solo actuaba el tirante citado", recogía su informe.

La ausencia de las 11 vigas de la cubierta era apreciable a simple vista, como han reconocido ya en la causa testigos, policías y los hasta ahora tres únicos investigados por el juez: el organizador del evento, Luis. G. S.; el jefe de mantenimiento, Ángel P. C.; y el ingeniero técnico, Sergio E. F.

En sus declaraciones, los dos primeros reconocieron que faltaban riostras, aunque, a su juicio, "no pasaba nada" por ello y que su ausencia, siempre que no superara un 10%, "no influía en la seguridad de la carpa". Esta opinión la compartió el ingeniero técnico que certificó que la instalación cumplía "todos" los requisitos que exige la normativa.

Por su parte, el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, Enrique Asensio, al que el juez quiere interrogar de nuevo pero ahora como investigado, explicó que su supervisión se limitaba a revisar la documentación que aportan los técnicos correspondientes, y que "no tiene" que comprobar si los certificados se "ajustan a la realidad" o no. Entre estos documentos están los relativos a sistemas de evacuación, incendios, aforos, distribución de espacios... Pero ninguno a la seguridad estructural. Según el técnico, en esta materia no tienen competencia para examinar la estructura.

Alberto Cervera y Óscar Frontiñán, abogados que representan a la víctima del siniestro, consideraron tras estas declaraciones que no solo existe una responsabilidad penal y civil de los tres investigados hasta el momento sino también del Consistorio zaragozano, por lo que pidieron al juez que ampliara la acusación, algo que el magistrado ha hecho ahora en las personas del concejal Alberto Cubero y del técnico Enrique Asensio.

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