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Un exgestor de fincas acepta más de tres años de cárcel por estafar 53.330 euros a un incapacitado

El acusado sabía que el hombre había cobrado la venta de un piso y le pasó recibos no justificados a su cuenta durante meses.

La mayoría de los acusados que aceptan un acuerdo con la Fiscalía previo al juicio es para conseguir que les rebajen la pena y evitar la prisión. Sin embargo, el exadministrador de fincas Miguel Ángel Antorán Lasierra cerró ayer un pacto que debería suponerle su inmediato ingreso en el centro penitenciario de Zuera, ya que reconoció haber estafado 55.330 euros a un incapacitado y aceptó una pena de tres años y medio.

El Ministerio Público le acusaba de un delito continuado de estafa y solicitaba una condena de cinco años de cárcel, ya que aplicaba al gestor –que ya no figura en la lista oficial de miembros del Colegio de Administradores Fincas de Aragón– la agravante de reincidencia. No en vano, era la tercera vez que este se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por aprovecharse de su empleo para llevarse el dinero de alguien (y en las dos anteriores también fue condenado).

El principal perjudicado de esta estafa no iba a poder declarar en contra del encausado, puesto que falleció hace ya algún tiempo. Sin embargo, Miguel Ángel Antorán debió pensar que había suficientes pruebas como para condenarle y prefirió aceptar los tres años y medio de prisión que le ofreció la Fiscalía (pena que, por ser superior a dos años, no podrá suspenderse). Para aceptar el acuerdo, esta última tuvo también en cuenta que el acusado ha devuelto ya casi todo el dinero estafado (a falta de 500 euros).

Al pactar con el Ministerio Público, el exadministrador reconoció que desde el 15 de noviembre de 2013 y hasta 8 de agosto de 2015 (21 meses) estuvo girando recibos no justificados ni autorizados a la cuenta bancaria de un incapacitado, inquilino de una de las fincas que gestionaba en el distrito Romareda de Zaragoza. El acusado era conocedor de que esta persona había sido declarada legalmente incapaz, por lo que estaba tutelada por la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma. Sabía también que esta última había tramitado la venta de su inmueble, por lo que había ingresado una gran cantidad de dinero en la cuenta del incapacitado.

Informado de todas estas circunstancias por su condición de administrador del edificio, ubicado en la calle de María Guerrero, Miguel Ángel Antorán decidió empezar a girar cargos a la cuenta del perjudicado. Como decía la Fiscalía en su escrito de acusación, lo hizo "con un evidente ánimo de lucro", ya que se aprovechó de los fondos de esta libreta para hacer varias transferencias y disposiciones en efectivo, así como para cargar recibos hasta sumar 55.330 euros.

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