Las fincas investigadas piden tiempo para regularizarse y evitar la cancelación de bodas

Las fincas investigadas por la celebración de bodas sin las licencias requeridas reclaman al Ayuntamiento de Zaragoza tiempo para regularizar su situación. De momento son nueve los establecimientos detectados por el Servicio de Inspección Tributaria y la Policía Local que, por una u otra razón, presentaban anomalías.

Las fincas El Cantal (en el barrio de San Juan de Mozarrifar) y La Esencia (en Peñaflor) ya han recibido la notificación de clausura de la actividad. Otras cinco, Tierrabella, Torre del Pino, Mirahuerta, Hacienda Las Flores y Almenara de Copau, tienen abierto un expediente sancionador, mientras que las dos últimas, El Rocío y La Quinta, se encuentran en la fase inicial de investigación. Según fuentes del sector, entre todas pueden sumar más de 300 reservas de boda para este año.

El proceso se ha desarrollado por dos vías. Por un lado, el Consistorio ha inspeccionado la situación tributaria y urbanística de las fincas -donde, por ejemplo, ha encontrado dos casos que se ubican irregularmente en suelo rústico-. Por el otro, la unidad de Barrios Rurales de la Policía ha cotejado las licencias de actividad de las mismas.

El Ayuntamiento considera que tengan o no restaurante integrado (la mayoría ofrecen las comidas mediante servicios de catering), deben contar con licencia de hostelería. Algo que desde el sector critican ya que “no se hacía hasta ahora”. Por ello, la Asociación de Hosteleros de Zaragoza (Horeca) reclama la aprobación de una ordenanza específica que regule este sector, tal y como ocurre en otras grandes ciudades, como Madrid.

Su presidente, Luis Vaquer, ha querido enviar un “mensaje tranquilizador” a las parejas que tienen contratadas sus bodas con estos establecimientos, que en los últimos días han mostrado su inquietud tras la información adelantada por Heraldo.es. Además, recuerda que las fincas “no estaban ilegales, sino alegales”, por lo que “estaríamos encantados de que el Ayuntamiento regule esta actividad”.

A su juicio, “se les está pidiendo una licencia de actividad que hasta ahora no se requería” por lo que pide “margen” para poder conseguirlas sin que se llegue a la cancelación de eventos ya programados.

En este sentido, fuentes oficiales consultadas por este periódico recuerdan que según la Ley de Urbanismo de Aragón, cualquier uso del suelo sin licencia urbanística supone la “paralización inmediata” de la actividad, “previa a la tramitación del oportuno expediente” (artículo 268).

Las fincas, a la defensiva

Cada propietario de finca o servicio de catering afectado presenta situaciones legales muy diferentes, pero todos coinciden en su malestar con el Ayuntamiento. Ángel Tejedor, abogado de La Esencia, señala que ya han comunicado a Urbanismo que su clausura “es un acto de imposible cumplimiento (nulo), porque no hay restaurante que clausurar”. De momento esperan una contestación que “de no llegar, nos obligará a acudir al Contencioso”.

Desde esta finca recuerdan que sí cuenta con la licencia de actividad del centro hípico ubicado en ese terreno, y que está “al corriente de todos los impuestos, tasas y facturas” necesarias. En cualquier caso, también critican la obligación de obtener una licencia de hostelería y piden “margen de tiempo” para conseguirlas sin que afecte a las parejas con reserva.

En la finca El Rocío, Pilar, su responsable, reconoce que no cuenta con licencia de hostelería, y ya se han puesto en manos de su abogado. “No tenemos cocina, yo alquilo la casa y punto”, explica. En su caso, la investigación acaba de iniciarse. Lo mismo ocurre en La Quinta, donde aseguran que “no tenemos casi información, pero creemos que lo estamos haciendo bien”. En cualquier caso, recuerdan que “no hay regulación, si nos dijeran lo que tenemos que hacer, lo haríamos”.

Marta Bas es la gerente de la finca Torre del Pino, y tiene claro que “estamos totalmente legales”. Aún así, le sorprende que “el Ayuntamiento se haya lanzado a regularizar el tema sin contar con una normativa”, pero ya asume que “tendremos que sacarnos la licencia”. En su caso, recibieron la visita de la Policía, pero todavía no han recibido ningún expediente al respecto por lo que se mantienen a la espera.

Los servicios de catering, en medio

Por su parte, la ofensiva del Ayuntamiento y la Policía contra el negocio de las fincas de boda afecta directamente a las empresas de catering que suministran la comida en estos eventos, y que en muchos casos son los encargados de negociar directamente con las parejas prometidas.

Desde el grupo La Bastilla, que trabaja con tres de las fincas expedientadas, señalan que todas ellas “están ya en proceso de regularización” y mandan un mensaje tranquilizador a sus clientes. También reclaman “tiempo” para obtener las consiguientes licencias, así como “una legislación que regule el sector”.

En este sentido, Salvador Alagón, gerente del catering El Cobertizo (que organiza bodas en la finca El Cantal, una de las que ha recibido la notificación de clausura), recuerda que “el procedimiento para obtener una licencia es muy largo”, e insistió, como otros afectados, que “nos llegó el aviso de cierre del restaurante, pero nosotros no somos un restaurante”. Esta semana tendrán una reunión en el Ayuntamiento de Zaragoza. “Tenemos esperanzas de que el problema se arregle”, sostiene.