Los consumidores zaragozanos con algún tipo de discapacidad se quejan de las dificultades que encuentran para acceder a determinados servicios como los transportes públicos, la vivienda o los comercios.

Un estudio realizado por la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), basado en una encuesta hecha a 468 personas con discapacidad, pone de manifiesto que los sectores que mayores problemas plantean a estos ciudadanos, en su actividad como consumidores, son el comercio, seguido de las compañías que ofrecen suministros como la luz, el gas o la telefonía y, por último, la vivienda.

Entre los aspectos más destacados del informe -financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y presentado ayer-, llama la atención el elevado número de encuestados (el 89%) que se queja del trato recibido por el personal del transporte público de la ciudad (autobuses, básicamente) que, en opinión de los preguntados, no está suficientemente formado para atender a usuarios con algún problema de movilidad o deficiencia visual o auditiva. Otro 70% se queja de la falta de adaptación de los transportes para personas con discapacidad (inexistencia de rampas o mal funcionamiento de las que hay), barreras para acceder a los buses, etcétera.

En cuanto a los comercios zaragozanos, los consumidores con discapacidad apuntan la dificultad para acceder a los propios establecimientos (el 69% se queja de la existencia de barreras para entrar al local), lamentan también la insuficiente atención que les prestan los empleados de las tiendas (el 89% manifiestan haber tenido problemas por este aspecto) y se quejan de la falta de información de los productos y dificultad que encuentran para interpretar las condiciones de venta (46%).

En el apartado de vivienda, la inmensa mayoría (el 73% de los encuestados) se queja de los problemas de accesibilidad. Por último, los principales problemas detectados en su trato con las empresas suministradoras de servicios (gas, luz y telefonía), se refieren a la falta de información sobre las condiciones del servicio (62%), la dificultad para entender lo que les ofrecían, por estar el contrato redactado en términos excesivamente técnicos y complicados y por ser la letra muy pequeña y el texto muy extenso (47%) y por no ser informados del derecho de desestimiento (47%).