El arzobispo de Zaragoza, investigado por un presunto espionaje a una exempleada

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha sido implicado judicialmente en calidad de investigado en relación con la denuncia interpuesta por una exnotaria de un juzgado eclesiástico de su diócesis que dijo haber sido objeto de una intervención ilegal de datos personales en su ordenador.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza ha citado al prelado a declarar como investigado el próximo 3 de marzo a las 10.00 en dependencias judiciales por este caso, según el auto al que ha tenido acceso este viernes la Agencia Efe.

Junto al arzobispo están citados, también como investigados (antiguos imputados), el ecónomo de la archidiócesis, Ernesto M.P., y el técnico al que presuntamente le fue encargado el volcado de los datos del ordenador de la denunciante, Jorge P.G.

La noticia ha sido desvelada este viernes por 'El Periódico de Aragón', mientras que el informe previo elaborado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, al que también ha tenido acceso Efe, refiere que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la intimidad, así como de descubrimiento y revelación de secretos.

En dicho informe se asegura que la intervención del ordenador fue ordenada por el ecónomo de la archidiócesis con el fin de "determinar y confirmar las sospechas de actividades calumniosas e injuriosas contra el arzobispado, y actividades de prevaricación y cohecho".

La intervención del disco duro, plasmada en un informe remitido por los servicios jurídicos del arzobispado a la unidad policial, permitió conseguir las conversaciones de Whatsapp de la denunciante, ya que esta había sincronizado su teléfono móvil con el ordenador.

También fueron intervenidos, remitidos y recibidos por la denunciante en su correo electrónico corporativo del tribunal eclesiástico.

"En ningún momento -concluye el informe- se hace referencia a otro tipo de carpetas o archivos existentes en el disco duro, al margen de la cuenta de correo electrónico, ni siquiera para mencionar que no se han encontrado evidencias, centrándose exclusivamente en el análisis de whasaps y el correo electrónico".

La denuncia señala que la acción realizada fue ordenada por el arzobispo y constituía una extralimitación en las funciones de control, por parte del obispado, de cuestiones referidas a disciplina laboral.

Al parecer, según fuentes de la investigación, en un grupo de Wwhatsapp intervenido habría frases injuriosas contra el anterior arzobispo, Manuel Ureña, algunas vinculadas a supuestos casos de corrupción o a cuestiones referidas a la homosexualidad.

Ureña dimitió por cuestiones de salud, aunque un tiempo después, los medios de comunicación relacionaron su marcha con el pago de cerca de 100.000 euros al diácono de Épila para ocultar unos supuestos abusos.