El jefe de la Oficina de Tráfico de la Policía Local, Javier V. R., ha declarado ya ante la juez que lo investiga por la presunta colocación de cámaras para tomar imágenes impúdicas de sus compañeras. Según ha podido saber HERALDO, el funcionario –suspendido de empleo y sueldo desde su detención, el pasado 8 de septiembre– ha reconocido que contaba con un bolígrafo grabador, pero mantiene que lo usaba únicamente "por seguridad". De hecho, asegura que por ser el responsable de tramitar los expedientes sancionadores por infracciones de Tráfico recibía bastantes coacciones.

Durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8, asistido por el letrado Rafael Hidalgo, el funcionario negó tajantemente que usara la cámara para obtener filmaciones de carácter sexual. Es más, aseguró a la instructora que sus compañeras de trabajo sabían que grababa en su despacho y seguían acudiendo allí con normalidad.

La magistrada ha tardado cuatro meses en tomar declaración al investigado porque quería esperar a recibir las grabaciones bajo sospecha y conocer el informe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía. Ahora que están en su poder y que sabe que no son pocas –los archivos hallados en su ordenador suman bastantes horas de filmación–, necesitaba conocer la versión del encausado.

A lo largo del interrogatorio, al que asistió la letrada Olga Oseira en representación de las denunciantes, se preguntó al funcionario por qué todas las imágenes estaban captadas por debajo de la cintura si lo que pretendía era identificar a las personas que supuestamente le intentaban coaccionar. Al parecer, este contestó que ponía el bolígrafo-cámara por debajo de la mesa para comprobar si quienes lo visitaban en el despacho iban armados, portaban algún instrumento peligroso o le estaban grabando.

Las explicaciones del investigado no convencieron a los letrados de la acusación particular, que también preguntaron a Javier V. R. cómo podía sentirse intimidado o coaccionado en un cuartel de policía. Al parecer, este contestó que no se fiaba y prefería contar con pruebas.

Compró la cámara en junio

Aunque ha sido ahora cuando la juez lo ha llamado a declarar, el responsable de la Oficina de Tráfico de la Policía Local ya fue interrogado tras su detención en comisaría.Entonces, dijo también a los agentes que algunas personas que pasaban por su despacho lo insultaban o golpeaban su mesa de forma amenazante.Fueron ese tipo de conductas agresivas las que, según él, le llevaron a comprar el bolígrafo grabador –que recoge tanto imágenes como audio– el pasado mes de junio en una tienda de Madrid. "En ningún momento pensé que estuviera haciendo nada ilegal", manifestó.

Tras comparecer ante los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, el funcionario quedó libre con cargos por un presunto delito contra el honor y la integridad moral. Sin embargo, el Consistorio prefirió apartarlo de sus funciones de forma cautelar hasta que se aclare lo sucedido y se depuren responsabilidades.

El portavoz del Gobierno municipal, Fernando Rivarés, insistió en su día en el carácter cautelar de la medida y dijo que, en principio, esta durará "un máximo de seis meses". En cualquier caso, serán las pesquisas judiciales las que determinen si este periodo debe ser más corto o más largo. Respecto al sueldo, Rivarés precisó que el funcionario seguirá percibiendo alrededor de un 50% de su nómina, ya que así lo estipula la ley.