Una sentencia tumba el intento de ZEC de anular el pago a Auzsa por los 153 despidos de 2013

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza tumbó ayer el recurso impulsado por el Ayuntamiento, gobernado por ZEC, contra la decisión adoptada en junio de 2015, durante la etapa de gestión del PSOE, de pagar 2,1 millones por los costes de los despidos que afrontó Auzsa al asumir la contrata del bus en 2013. La sentencia, que ratifica la legalidad de la actuación del gobierno socialista de Belloch, no es firme y puede ser apelada en el plazo de 15 días.

Este varapalo judicial se suma al que recibió el sindicato Somos en la Audiencia Provincial. La citada organización presentó una querella por prevaricación y malversación contra Belloch, los miembros de su gobierno y dos altos funcionarios del Ayuntamiento por el pago de esos 2,1 millones. Finalmente, el tribunal no apreció ningún delito.

En este caso, el Ayuntamiento quería que se anulara el acuerdo del gobierno de Zaragoza celebrado el 11 de junio de 2015, dos días antes de la investidura de Pedro Santisteve como alcalde, en el que se aprobó la liquidación de esos gastos. Entre otros aspectos, el Consistorio reclama anular la parte del acuerdo que se refería al pago con cargo al erario de las indemnizaciones del personal, valoradas en 2,1 millones, así como reintegrar 105.502,72 euros en concepto de coste de reestructuración de plantilla.

Para el gobierno de ZEC esa decisión adoptada por sus antecesores en el cargo era perjudicial para el propio Ayuntamiento, por lo que impulsó un recurso de lesividad, que es como se denominan estos procesos. En este sentido, los letrados municipales no ponen en duda que la reestructuración de la plantilla sea un coste vinculado a la puesta en marcha, pero rechazan que ese gasto lo deban asumir las arcas municipales. El Ayuntamiento de Zaragoza insiste en que los pliegos de condiciones no prevén que esos costes se deban sufragar con dinero público.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia dice que el cambio de contrata de Tuzsa a Auzsa supuso la reducción del número de kilómetros (de 20,02 a 18,07, casi un 14%). Además de disminuir los trayectos, los pliegos obligaban a subrogar el personal (1.274 trabajadores). Eso es lo que ocurrió, aunque Auzsa inició posteriormente el proceso para despedir a 212 empleados, cifra que se redujo luego a 153.

El juez indica que una declaración de lesividad "ha de afectar al interés público de forma clara y evidente, esto es, no de forma abstracta o posible". La sentencia indica que los técnicos municipales respaldaron la compensación económica de los gastos sufragados por la concesionaria, "al no existir una definición legal de los costes de puesta en marcha". El juez indica que se "impone" al concesionario la subrogación de un personal "no necesario" para la prestación del servicio propiciando "un desequilibrio económico que conllevaría una responsabilidad del Ayuntamiento".

Pero además la sentencia explica que el pliego de condiciones "no prevé quién debe asumir el coste que debe asumir el excedente del personal para la nueva concesión". De hecho, se insiste en la resolución judicial, cuando los licitadores consultaron por esta cuestión, el Ayuntamiento no contestó "de forma clara". El juez indica que la demanda de lesividad no incluye "un argumento que contradiga" el informe municipal que admitió la inclusión de las indemnizaciones a los trabajadores.

La sentencia recuerda que los tribunales ya avalaron los despidos y rechaza la pretensión del Ayuntamiento de Zaragoza de excluir partidas como la indemnización por ausencia por preaviso o el asesoramiento para el ERE. También se opone al argumento municipal de que los despidos eran "coyunturales", dado que 118 trabajadores fueron readmitidos. El motivo es que la plantilla no subió, sino que se cubrieron vacantes.