El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza exigirá al equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y, en particular, al responsable del área de Servicios Públicos, Alberto Cubero y al coordinador del área, Aurelio Abad, que "asuman responsabilidades políticas" por las decisiones que han adoptado en relación con las compensaciones que reclama la concesionaria del servicio Bizi, Clear Channel, por la pérdida de usuarios.

A juicio de los socialistas, esta reclamación ha dado lugar a una "actuación plena de inseguridad jurídica por parte de los responsables municipales".

Desde el PSOE han recordado que este miércoles, 28 de diciembre, el Gobierno de Zaragoza acuerda aceptar la reclamación efectuada por la concesionaria Clear Channel y aprobar una compensación económica cuantificada en 404.713,74 euros para restablecer el equilibrio económico, dando por buenos los argumentos de la empresa que achaca la caída de usuarios a la sentencia del TJSA que anula parcialmente la Ordenanza de Peatones y Ciclistas.

Sin embargo, al día siguiente, el Gobierno, reunido de forma extraordinaria y urgente, decide desestimar esa solicitud que había avalado 24 horas antes sin contar con el preceptivo informe de la Intervención General.

El grupo municipal del PSOE ha señalado que "no oculta su sorpresa por la facilidad y la falta de rigor con la que el Gobierno de ZEC determinó la entrega de una cifra tan abultada a la concesionaria de la bici pública, sobre todo, tras constatar que lo hizo sin disponer de un informe de la Intervención que avalase la legalidad de dicho pago"."Dudosa legalidad"

Por otra parte, han estimado que resulta "aun más preocupante la forma con la que el propio Gobierno ha tratado de rectificar semejante error".

La convocatoria de un Gobierno extraordinario y urgente para desestimar una pretensión estimada el día anterior, supone un "quebranto evidente de la seguridad jurídica y denota la falta absoluta de rigor con la que se ha conducido el Gobierno, además de suscitar dudas jurídicas muy serias sobre la validez de este acto", ha criticado el PSOE.

Tras esta exposición los socialistas han confiado en que, con carácter inmediato, el Gobierno y particularmente el responsable de Servicios Públicos, Alberto Cubero y el coordinador de área Aurelio Abad Gutiérrez respondan por esta actuación de "dudosísima legalidad, y que por ello asuman de manera inmediata sus responsabilidades políticas y administrativas".

De lo contrario, el grupo socialista ha anunciado que actuará para exigir las responsabilidades políticas que procedan por una actuación de "cuestionable legalidad que puede generar evidentes perjuicios al Ayuntamiento de Zaragoza", han concluido.