El pago de facturas sin un contrato en vigor se dispara un 46% este año y alcanza los 36 millones

El gobierno municipal de ZEC se había comprometido a eliminar esta práctica en 2016. Rivarés esgrime que ha regularizado la situación de 146 servicios, con un valor de 19,5 millones.

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, en el pleno municipal del pasado viernes.
El pago de facturas sin un contrato en vigor se dispara un 46% este año y alcanza los 36 millones
José Miguel Marco

El gobierno de ZEC se comprometió a erradicar la práctica de pagar facturas mediante el sistema de los reconocimientos de obligación, es decir, sin la cobertura de un contrato en vigor, pero se ha estrellado contra la realidad. Si en 2015 se abonaron gastos por valor de 24,8 millones de euros mediante este sistema, este ejercicio la cifra se ha disparado hasta los 36, lo que implica un incremento del 46%, según datos recabados por los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza, que critican la mala gestión de ZEC en materia de contratación.


Este ejercicio se han batido récords en el pago de facturas de este modo, que como principales contraindicaciones tiene la falta de garantías al no existir un proceso de concurrencia pública y el aumento de costes que puede suponer la restricción de la competencia. No obstante, los prestadores de esos servicios tienen todo el derecho a reclamar esas facturas dado que se trata de servicios efectivamente prestados.


El concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, anunció en julio de 2015 un decreto para impedir que se aceptaran reconocimientos de obligación a partir del 1 de enero de 2016. Llegó a anunciar que exigiría "responsabilidades políticas y personales" a quien no cumpliera. En el ejercicio 2014, con el PSOE en el gobierno, se habían pagado 28 millones de euros sin la cobertura legal de un contrato. Esta cifra, en 2015, se redujo a 24,8 millones de euros, de los que 9 millones correspondieron a los seis últimos meses del gobierno socialista.

Promesa incumplida

Pero el 1 de enero llegó y Rivarés no pudo acabar con el problema. Entre enero y marzo, los grupos han estimado un total de 3,5 millones de euros en facturas pagadas mediante el sistema del reconocimiento de obligación.


Después, en virtud de una modificación de las bases de ejecución del presupuesto, este tipo de facturas empezaron a pasar por la comisión, por lo que los grupos políticos han podido llevar un seguimiento exhaustivo.


2,5 millones en abril, 4,5 millones en mayo, 3,9 millones en junio, 4,5 millones en julio, 5,2 millones en septiembre, 2,5 millones en octubre y 3,5 millones en noviembre.En la comisión del pasado jueves se llevaron para su aprobación 120 expedientes por 5,9 millones de euros, la cifra más alta de todo el año, que podría haber sido incluso mayor. El motivo es que gobierno municipal de ZEC no pudo aprobar 47 expedientes por valor de 688.590 euros, dado que PP yPSOE rechazaron que se tramitaran por la vía de urgencia. Estas 167 facturas se referían a 54 contratos.


Entre los servicios más afectados destacan los sociales. Los más importantes son la atención domiciliaria, sin contrato desde febrero de 2015, o la teleasistencia, desde febrero de 2016. La asistencia a mujeres víctimas de violencia machista, las casas de juventud y proyectos de integración de espacios escolares o los centros de tiempo libre siguen sin salir a concurso. También se paga sin contrato la gestión de los puntos limpios, dado que ZEC aspira a municipalizar el servicio.


Frente a las facturas, ZEC esgrime que se está trabajando para reducir el problema. En este sentido, el concejal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, explicó en el último pleno que desde junio del año pasado se han regularizado 146 contratos, que suponen 19,5 millones de euros. Asumió que hay "un escollo histórico", por ejemplo en los servicios sociales, por la "sensibilidad especial" con la que se tienen que elaborar los pliegos de condiciones de estos contratos.


El gobierno municipal aludió a que hay servicios públicos que se han regularizado que llevaban sin cobertura legal incluso desde 2005. Frente a las críticas de la oposición y mientras crecen las facturas pagadas sin contrato, Rivarés consideró que "se ha producido un cambio" y que "las cosas van a mejor".

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