Los juzgados obligan al Ayuntamiento a pagar 5,1 millones por varias facturas del bus de 2013

La sentencia habla de "mala fe" del Consistorio por no abonar parte de la deuda histórica con Tuzsa y le insta a recalcular las revisiones de precio de varios años.

19,4. Revisiones de precios. Es la sentencia más importante por revisiones de precios de Tuzsa, la antigua contrata del bus. La sentencia no es firme pero está en fase de ejecución junto a otras, entre las que figuran una de 15,5 millones y otra de 8,1. Tras una liquidación provisional de fallos judiciales, el Consistorio tendrá que pagar 21,1 millones.
El TSJA da la razón al Ayuntamiento y puede evitar el pago de más de 30 millones a Tuzsa
Oliver Duch

Los juzgados comienzan a exigir al Ayuntamiento que pague su abultada e histórica deuda con Tuzsa, la antigua contrata del autobús urbano –actual Auzsa–. La empresa viene reclamando una cantidad multimillonaria que se eleva hasta los 49 millones de euros, pero que aún está en discusión en varios procedimientos repartidos por los juzgados de Zaragoza. Esta semana, el contencioso-administrativo número 3 ha obligado al Consistorio a pagar casi 5,1 millones de euros por los servicios prestados en mayo, junio y la mitad del mes de julio de 2013 –Tuzsa reclamaba 8,1–, más los intereses de demora. Ante esta sentencia cabe recurso en un plazo de 15 días, tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa. La compañía también puede pedir la ejecución de la sentencia.


El fallo se enmarca en el mapa de reclamaciones judiciales cruzadas entre el Consistorio y Tuzsa. La empresa ha reclamado en varios procesos el impago de las certificaciones y las revisiones de precio de diversas etapas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Por su parte, el Ayuntamiento presentó una demanda de lesividad contra Tuzsa, porque consideró que estuvo pagando de más a la contrata con las revisiones de precio del servicio. Esa reclamación es un mecanismo que tienen las administraciones para advertir de una decisión que han tomado contraria a sus propios intereses. En este caso, el Ayuntamiento sostenía que hizo mal el cálculo de las revisiones de precio, al incluir en ellas el incremento de los costes laborales.


El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dio la razón al Consistorio, ratificando por tanto su tesis de que estuvo casi tres años pagando de más a la contrata. Dijo que las revisiones deben recalcularse, lo que debería suponer que el Ayuntamiento se ahorrara parte de la deuda a Tuzsa. Ese criterio fijado por el tribunal, por tanto, afectaría en cascada a todas las reclamaciones judiciales de la antigua contrata contra el Ayuntamiento, incluida la dictada esta semana sobre las facturas de mayo, junio y julio de 2013.


En la sentencia de esta semana, el juez critica la inacción del Consistorio tras el fallo de abril del TSJA. "Ni ha fijado el precio por kilómetro para 2013, ni ha reconocido de forma expresa una obligación de pago, ni mucho menos ha pagado cantidad alguna", dice el fallo emitido esta semana.

"Ha dejado correr el tiempo"

El juez recuerda que, al margen de las revisiones de precio que el Consistorio aún debe fijar, Tuzsa prestó el servicio obligatorio en mayo, junio y julio de 2013, por lo que debe cobrar al menos una cantidad mínima de las certificaciones que envió la empresa. "No se puede obviar una postura claramente pasiva y de impago por parte del Ayuntamiento, que debe ser evitada en la medida de lo posible", dice el fallo. En este sentido, el juez habla de "mala fe al no reconocer ninguna cantidad debida", por lo que, además, condena al Consistorio a pagar las costas del proceso judicial.


El juez añade en la sentencia: "El Ayuntamiento ha dejado correr el tiempo y mantiene paralizados un buen número de asuntos en los juzgados contencioso-administrativos de Zaragoza, y una cantidad de dinero enorme sin fijar, sin liquidar y, lo que es más grave, sin liquidar". Sobre esa cantidad mínima que tiene que pagar, el juez se remite a los informes del propio Ayuntamiento, que hablan de casi 5,1 millones (5.098.054,02 €), además de los intereses de demora generados.

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