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Zaragoza

El juicio contra el exdirectivo de Auzsa por agresión, suspendido hasta el día 12

Los hechos se produjeron en marzo, cuando se cumplían cien días de la huelga de autobuses de Zaragoza.

Nuevos autobuses de Auzsa.
Autobuses Urbanos de Zaragoza.
G. Mestre

El juicio contra el exdirector de Recursos Humanos de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) por un delito leve por la agresión a un trabajador durante la huelga de principios de año se ha suspendido hasta el 12 de enero al no haber sido citada la empresa.

El incidente ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando se cumplían cien días de huelga de autobuses de Zaragoza, ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (Sama), donde la dirección de Auzsa y el comité negociaban el convenio colectivo y había varios empleados concentrados a las puertas.

El entonces director de RRHH, Héctor Muñoz, quitó al trabajador, Daniel Giménez, el teléfono móvil con el que éste le grababa a su llegada al Sama. Después lo empujó y el empleado cayó al suelo y se golpeó un costado.

Este miércoles estaba prevista la vista en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 pero se ha suspendido hasta el 12 de enero porque no se ha citado a la empresa como posible responsable civil de la indemnización que solicita el trabajador, según ha explicado a los medios su abogado, Ramón Campos. No obstante, el letrado ha precisado que pedirá que prosigan las diligencias previas al entender que no es un delito leve, sino un delito de lesiones de mayor gravedad, ya que su defendido sufrió fractura de tres costillas por las que ha requerido más que una primera asistencia médica. En el supuesto de que el caso se juzgue como delito leve, pedirá la máxima multa que permite la ley y una indemnización de 14.000 euros por los 109 días en los que estuvo de baja su cliente y los gastos médicos que tuvo que pagar.

La abogada de la acusación popular en representación del comité de empresa, Ainhoa Zulaica, pide la misma indemnización y además una inhabilitación del exdirectivo para ejercer cargo o empleo público un mínimo de tres años.

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