De huelgas y votaciones

Tras haber sufrido 123 días de huelga del transporte público de Zaragoza, los miembros del comité de empresa de Auzsa decidieron que aún se podía apretar un poco más a los usuarios del bus y a la empresa. La amenaza de unos nuevos paros buscaba, en coincidencia con las fiestas navideñas, originar el mayor quebranto posible en la movilidad ante un supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado mes de abril entre la adjudicataria y los sindicatos.

Recibido el comité en el Consistorio, el alcalde, Pedro Santisteve, repitió en voz alta la misma justificación sobre la que se había venido apoyando para eludir la exigencia de una correcta prestación del servicio: "Es un conflicto privado". Sin ofrecimiento municipal alguno de mediación –la experiencia anterior dejó funestos resultados–, el comité, que no sintió ninguna presión tras escuchar las llamadas al diálogo lanzadas por el alcalde, se sintió lo suficientemente cómodo como para buscar el refrendo de los paros en una asamblea. Pero los planes se truncaron. Los trabajadores de la contrata dijeron ‘no’ al comité. La falta de apoyo a la huelga se descubrió en una asamblea sin apenas asistencia y en una votación que no llegó a producirse.

Transcurridos los días, nadie del comité de Auzsa se ha sentido concernido por el varapalo recibido. Ni una reflexión, ni un mensaje que invite al comité a reconocer que la vía de la tensión constante, generada artificial y gratuitamente, no beneficia a un colectivo cada vez más impopular. La responsabilidad demostrada por el grueso de los trabajadores y sus diferencias con las tesis de los representantes sindicales evidencian un punto de inflexión que, pese a la interpretación de que solo por sí misma la amenaza ya ha servido para tensionar a la empresa, podría anticipar ciertos movimientos.

La anulación de la amenaza de huelga generó una profunda sensación de alivio en el Ayuntamiento. El temor a los paros, en especial a sus consecuencias políticas, era más que evidente (suficientes problemas hay sobre la mesa) y nadie se atrevía a aventurar cómo habrían reaccionado los vecinos ante una nueva huelga o hasta qué punto se habría visto castigada la imagen del alcalde y de su equipo.

Mientras tanto, el alcalde Santisteve olvidaba las gafas cuando acudía presencialmente a votar las opciones de la línea 2 del tranvía. Toda una metáfora que evidenció la fragilidad de una consulta que no ha permitido a los vecinos decidir, con carácter previo, sobre el ‘sí’ o el ‘no’ a la línea.

El referéndum, acotado en su formulación, y con una evidente falta de seguridad en su desarrollo, ha contado con una bajísima participación y ha dañado a corto plazo la puesta en marcha de futuras experiencias sostenidas en la consulta a los ciudadanos. El modelo de democracia participativa, que no es en absoluto patrimonio de ningún partido concreto, exige de una cuidada relación de garantías que defiendan el libre ejercicio del voto. De hecho, la incorporación de la consulta digital, lejos de ser interpretada como un avance, exigiría redoblar las atenciones para permitir el acceso real de los ciudadanos.

La votación sobre los recorridos de la línea 2, a la que se suman las aportaciones para la elaboración de los presupuestos, ha convertido este esfuerzo en una experiencia parcialmente rechazada por CHA (se ha solicitado un informe técnico) y abiertamente negada por el PP, el PSOE y Ciudadanos.

La soledad en la que se encuentra ZEC, algo que garantiza su retroalimentación política y sus propias justificaciones, es la gasolina que mantiene la distancia adoptada ante el conflicto del bus o su defensa de la consulta del tranvía. Toda una declaración de cómo entiende el equipo de gobierno la política que también está en el origen de las discrepancias que muestra la negociación con el PSOE y CHA para aprobar los presupuestos de 2017.