Un exempleado de Banesto se enfrentará este mes en la Audiencia Provincial de Zaragoza a una condena de 12 años y 6 meses de prisión como presunto responsable de una estafa llevada a cabo entre los años 1995 y 2005 del que fueron víctimas decenas de clientes que habían depositado su confianza en él.

La supuesta estafa fue llevada a cabo en su mayor parte desde la sucursal de Banesto en el municipio de Mequinenza, en la que el acusado desarrolló la mayor parte de su actividad profesional de 32 años en la entidad bancaria, absorbida posteriormente por el Banco de Santander.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal asegura que el acusado, José Miguel F.F., se sirvió de su condición de director de dicha sucursal para idear un plan dirigido a obtener un "ilícito enriquecimiento" mediante operaciones financieras no autorizadas con fondos de sus clientes que utilizó a su arbitrio.

Durante los diez años de duración de su presunta actividad ilícita, el acusado manipuló créditos de clientes en beneficio de terceros, confeccionó libretas de ahorro a máquina de escribir no coincidentes con la contabilidad del banco y emitió falsos documentos de inversión con intereses elevados para captar víctimas.

Para llevar a cabo todas las operaciones, el acusado, según la fiscalía, suplantó la firma de los titulares de las cuentas empleadas y concedió préstamos y créditos por debajo del límite que tenía autorizado a fin de no ser detectadas sus maniobras por la entidad.

Sólo uno de los matrimonios que confió en los beneficios que le eran ofertados llegó a poner a disposición del acusado 204.000 euros de sus ahorros.

En total, el presunto estafador llegó a disponer mediante los distintos procedimientos empleados cerca de un millón de euros.

El fiscal solicita para el acusado penas de 5 años, 2 años y 6 meses y 5 años por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, respectivamente, así como una multa global de 7.290 euros.

Las diecisiete acusaciones particulares personadas en la causa reclaman indemnizaciones por un valor superior de 1,2 millones para sus clientes por los perjuicios sufridos, de cuyo pago hacen responsable civil subsidiario al Banco de Santander.

El resto de clientes perjudicados renunciaron a reclamar tras ser indemnizados por el Banco de Santander con una cantidad global situada en torno al medio millón de euros.