La exalcaldesa de La Muela Marisol Aured, la que fuera teniente de alcalde en su mandato, Rosa Barceló, y la exinterventora fueron ayer juzgadas por el impago de 1,1 millones de euros a la empresa Aranade, que gestionó la sociedad urbanística de 1997 a 2011. Las tres están acusadas de un delito de prevaricación por omisión al no haber accedido a emitir el certificado para que la empresa cobrara del Consistorio una deuda de 1,1 millones de euros a través del plan de pago a proveedores de 2012. Tras la vista, que duró casi cuatro horas, la Fiscalía mantuvo la petición de ocho años de inhabilitación para las dos responsables municipales, recalcando que había habido por su parte "una dejación de funciones" y excluyó de esta a la exinterventora –para la que inicialmente también pedía inhabilitación de 8 años–.

La exalcaldesa defendió que, en un primer momento, al Ayuntamiento no llegó la solicitud en la que Aranade reclamaba su deuda –de hecho llegó a ponerse una denuncia ante la Guardia Civil por la pérdida de las facturas originales cuando se enteraron del pleito interpuesto por la empresa e incluso hubo un requerimiento monitorio–. Después, dijo, cuando se tuvo constancia de ello se le pidió que aportara más documentación. "Intervención quedó encargada de pedir información al Ministerio para ver cómo debía actuar. Desde luego que no había ningún tipo de animadversión contra esta empresa", recalcó Aured. "Esto es un acto administrativo, yo aquí no pinto nada, no sé por qué el alcalde se tiene que cargar todo", añadió la portavoz del PP en La Muela.

Rosa Barceló insistió en que desconocían la existencia de esas cinco facturas del año 2007 que sumaban 1.168.232,04 euros y que reclamaba Aranade. "Si no se hubiera perdido el documento, se habría contestado como a cualquiera". "Los requerimientos debía contestarlos la interventora", añadió.

La funcionaria, que entró en febrero de 2012 al Ayuntamiento como interina, defendió que en todo momento intentó cumplir con el Real Decreto del pago a proveedores "y eso era comunicar el silencio administrativo, algo que hice el 8 de mayo a través de la plataforma del Ministerio". "Ante la ausencia de instrucciones por parte de la Alcaldía, hice lo que me dijo el Ministerio. La inactividad de los órganos municipales no supuso mi inactividad". En cuanto a si le dieron alguna orden concreta desde el Consistorio, la exinterventora dijo: "Había una voluntad clara de que las facturas de los proveedores de las sociedades, tanto la urbanística como la cultural y deportiva, no se certificaran positivamente".

El resto de abogados mantuvieron sus peticiones en las conclusiones. Este juicio, que debía haberse celebrado en octubre de 2015, fue aplazado a petición de Aranade –cuyo gerente, Julián de Miguel, fue condenado a seis años y diez meses por la Operación Molinos contra la corrupción urbanística– y la empresa solicitó que el Ayuntamiento estuviera como responsable civil subsidiario por si, en el caso de que ganara el pleito, las querelladas no pudieran responder económicamente. La deuda que la empresa reclamaría al Ayuntamiento sería de 1,5 millones de euros, ya que a la deuda generada hay que sumarle 400.000 euros de intereses de demora. Los abogados del Consistorio volvieron a pedir ayer que se le saque de este proceso.