El Ejecutivo aragonés consiguió ayer el permiso del Gobierno central para captar 116 millones de euros de deuda a corto plazo. La mayor parte de ese dinero (111 millones) servirá para refinanciar créditos que tiene la DGA con los bancos y que están a punto de vencer. Pero además, el Consejo de Ministros autoriza a la DGA a captar cinco millones extra de deuda a corto plazo para reducir los problemas financieros de la Universidad de Zaragoza.

Según informó el Ministerio de Hacienda, la DGA podrá usar esos cinco millones exclusivamente "para ampliar el límite disponible de cuentas de crédito para la Universidad de Zaragoza". Es decir, está destinado a solventar problemas de tesorería, no a plantear nuevas partidas de gasto.

El Gobierno central resaltó que este acuerdo respecto a los 116 millones en total "solo ampara operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2016". Así, todo irá computado a este ejercicio, en ningún caso podrá asignarse a cuenta del próximo año, para el que todavía no hay proyecto de Presupuestos autonómicos.

Además, Hacienda señala que esta autorización para refinanciar estos 116 millones de deuda no es una invitación a cubrir el cupo completo, sino que lo que hacen es marcar a la DGA el límite máximo que puede refinanciar.

Para evitar problemas posteriores, el Ministerio recuerda a la DGA que en ningún caso su endeudamiento a final de año puede superar el 19,1% de su PIB. Hace apenas una semana, este mismo Ministerio envió una carta al Gobierno aragonés advirtiéndole de que estaba apurando demasiado su límite de endeudamiento.

Por otro lado, el Consejo de Ministro aprobó hacer una excepción con el carbón y reabrir el presupuesto de este año para repartir 36 millones de euros más de ayuda a la minería. Según señaló Industria, estos fondos se repartirán a través de "una convocatoria de una ayuda adicional destinada a cubrir las pérdidas de la producción" que se han producido este 2016. Además, se han aprobado otros 25 millones de euros para ayudas, pero en este caso solo para cubrir las pérdidas de las minas que tengan previsto cerrar.