El PP exige en los tribunales que el alcalde de Fabara devuelva los 170.000 € cobrados desde 2003

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fabara, Ángel Luis Latorre, ha llevado a los tribunales el cobro del sueldo bruto de 1.200 euros mensuales del alcalde, Francisco-Javier Doménech (PSOE), por entender que "carece de respaldo legal" desde 2003. Su objetivo es que devuelva íntegramente la retribución que ha percibido en los últimos trece años por su dedicación parcial al cargo, lo que podría ascender a más de 170.000 euros. El alcalde se niega, alega un informe de la secretaria-interventora que respalda su actuación y recuerda que su asignación consta en los presupuestos que se aprueban todos los años y conoce la oposición.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza acaba de admitir el recurso presentado por el edil popular contra los dos acuerdos adoptados por el pleno de finales de junio, que rechazó su propuesta para que el alcalde reintegrara sus salarios de forma "inmediata". A su juicio, son nulos porque se vulneró "abiertamente" la legislación. Además, advertía en su iniciativa que si Doménech no devolvía el dinero podría incurrir en un delito de apropiación indebida, malversación "o cualquier otro delito relacionado con el recto proceder de la Administración".

Ángel Luis Latorre fundamenta su postura en la ley de régimen local, que atribuye al pleno la competencia para fijar la dedicación exclusiva o parcial de los cargos, así como la cuantía. Además, obliga a publicarlo en el boletín oficial y en el tablón municipal. Sin embargo, el único acuerdo se remonta al 2000, que sí daría cobertura para ese mandato, hasta 2003, pero no para el resto. "No hay ningún acuerdo del pleno desde entonces que dé respaldo legal", sentenció tras explicar que al final de cada mandato cesan todos los concejales, por lo que es preciso, al constituirse de nuevo la Corporación, volver a fijar el régimen retributivo de los ediles.

El popular señaló a este diario que si no había denunciado la cuestión hasta ahora es porque desconocía la legislación y, apostilló, que solo ha actuado tras consultar a alcaldes e interventores. "No me levanté un día y dije “voy a denunciar al alcalde”", añadió.

La interpretación legal del alcalde es muy distinta y se sustenta en el informe que le encargó a la secretaria-interventora a mediados de junio, tras registrarse la propuesta de resolución del PP. En dicho escrito se incide en que su dedicación parcial se aprobó por mayoría absoluta en un pleno celebrado hace 16 años al que asistió el propio denunciante como concejal. Y se añade que los acuerdos que se adoptan en mandatos anteriores "mantienen su vigencia hasta que se adopte un acuerdo en sentido contrario", cosa que no ha sucedido. "No precisa ser revalidado por la nueva Corporación ni su eficacia se extingue por el cese de los corporativos (ediles) que lo adoptaron", añade el informe de la interventora.

Su argumentación se basa en la misma ley de régimen local citada por el PP, pero ciñéndose a otro artículo que limita el carácter temporal de las asignaciones a las del personal eventual.

Doménech remarcó, como apunta el informe oficial, que los presupuestos municipales recogen todos los años su salario en una partida específica. "No está escondida", dijo antes de asegurar que su subida salarial pasó por pleno hace ocho años. Además, señaló que Latorre no solo es conocedor de su sueldo por ser edil desde hace 14 años, sino que, en la pasada corporación formó parte de la comisión de cuentas, en la que se informaba de la cuenta general de Fabara.

Doménech recordó que en el pleno de junio ya le dijo al edil del PP si era consciente de las consecuencias personales de su acción, ya que no tiene 170.000 euros. También destacó que el recurso coincida en el tiempo con una demanda que ha presentado contra el Ayuntamiento y un pastor que gestiona las tierras comunales por llevar al pleno su denuncia por la invasión que presuntamente hacía el ganado de Latorre.