El fiscal pide 10 años de cárcel para un vecino de Valdefierro por corrupción de menores

Los gritos de una chica de 13 años que presuntamente estaba siendo agredida sexualmente y que fueron escuchados por otro adolescente fueron los que desencadenaron la detención por corrupción de menores, exhibicionismo y abuso sexual de Antonio F. G., vecino de Valdefierro. Ahora, la Fiscalía pide para este hombre penas que suman 10 años de prisión, además de medidas de libertad vigilada, alejamiento de las víctimas durante cinco años y la prohibición de acercarse a parques, jardines o lugares frecuentados por menores en general.

El suceso que permitió destapar este caso se produjo en mayo de 2014 en una parcela del encausado, situada en la calle Violeta. Un chico de 14 años, cuyo testimonio ha sido fundamental para la investigación, escuchó gritos al pasar junto a la casa y, al asomarse, vio a una chica del barrio, con las mallas bajadas, y al acusado, situado detrás de ella, con los vaqueros a medio subir.

Ante esta escena, el adolescente pidió ayuda a una vecina, que, sin pensárselo, cogió una barra que tenía en casa y se dirigió en su furgoneta a la parcela. Al llegar, oyó gritos y, tras tocar a la puerta y no abrir nadie, la golpeó y accedió al interior. Lo primero que vio fue un espacio lleno de trastos, y al fondo una puerta de la que salió una niña de 13 años, llorando, gritando y con las mallas bajadas y detrás a Antonio F. G. exhibiendo el pene. Según la mujer, el acusado, con actitud agresiva, cogió un hacha y se dirigió hacia ella, que se defendió con la barra. Luego empezó a darse cabezazos contra la pared, momento que aprovecharon para irse del lugar. Antes de subirse a la furgoneta vio cómo la chica se guardaba 20 euros en las mallas y escuchó a Antonio F. insultar al chico y preguntarle a gritos: "¡Qué has hecho!".

Ya en su casa, la mujer habló con el menor y este le contó que el vecino de Valdefierro, al que conocen por varios motes y porque conduce un taxi, solía llevar a menores a su casa, les invitaba a pizzas y hamburguesas y después de estar con ellos les daba 20 euros. Detalló que ese día había visto cómo se llevaba a la joven a la fuerza a la parcela, y que a él mismo, en otras ocasiones, le había dado dinero, le había tocado y pedido que le hiciera una felación.

Este adolescente facilitó a los agentes los nombres de otros 11 menores (niños y niñas), con los cuales hablaron posteriormente. La conclusión que sacó la Policía de esos interrogatorios fue que todos ellos eran conocedores de las inclinaciones sexuales del acusado. Varios reconocieron que a ellos mismos les había mostrado películas pornográficas, les había ofrecido regalos y dinero por dejarse manosear y se había desnudado delante de ellos.

El chico que llamó a la vecina relató que había conocido al acusado en 2013, en el parque de La Armonía, un día que le dio 20 euros sin pedirle nada a cambio. Este hecho se repitió tres o cuatro veces hasta que en una ocasión lo llevó a la parcela y le ofreció 15 euros por mostrarle el pene. En días posteriores, le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de 25 euros, algo que él rechazó aunque, no obstante, reconoció que le dejó que le tocara sus partes íntimas a cambio de dinero o regalos.

Durante la investigación, la Policía se ha encontrado con el problema de que la menor a la que la vecina rescató de la parcela, aunque sí que admite conocer al acusado, niega los hechos y haber sido víctima de abusos. A lo largo de la instrucción, se ha pedido que la chica sea sometida a una prueba pericial psicológica, a lo que se ha negado su abuela, que ejerce su tutela, las dos veces en que fueron citadas.

Esta circunstancia fue alegada por el abogado defensor de Antonio F. G., Marco Laguna, para pedir el sobreseimiento de la causa, lo que el juzgado desestimó. Aun así, solicitará la absolución de su cliente por las contradicciones que, a su juicio, existen entre el testimonio de la denunciante y las declaraciones de la menor presuntamente agredida, que desmiente los hechos. También alegará en favor del acusado que colaboró con la Policía y autorizó el registro voluntario tanto de la parcela como de su domicilio familiar, donde los agentes requisaron vídeos pornográficos aunque, según el letrado, ninguno de contenido delictivo.

El penalista mantiene que las declaraciones de los menores se basan en "rumores" y que ninguno de ellos ha sido agraviado o agredido por Antonio F. G.