Un viaje con constantes turbulencias

El pasado lunes, Auzsa estrenó nuevo gerente. A Juan Abel Arias, el recién estrenado director de la concesionaria del autobús urbano de la ciudad, apenas le hicieron falta tres días para confirmar sus sospechas de que se ponía al frente de una empresa de todo menos tranquila. Como particular ‘bienvenida’, solo unas horas después de estrenar despacho conoció la decisión del Gobierno de ZEC de no recurrir la sentencia que en junio anuló el concurso del autobús urbano que Auzsa había ganado en 2013, al ser la única aspirante.

Arias tuvo conocimiento de todo esto a través de lo que publicó HERALDO, ya que en toda la semana no ha tenido una comunicación oficial del Ayuntamiento sobre la cuestión. Además, se desayunó con unas declaraciones en las que el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, decía que esta decisión podría permitir al Ayuntamiento "librarse" de una empresa que calificó de "muy problemática", siempre con la remunicipalización del servicio en el horizonte. El nuevo gerente no ha querido entrar al trapo, especialmente porque aún no ha conocido al concejal de ZEC –aunque sí ha estado en alguna ocasión con el alcalde y con Teresa Artigas, edil de Movilidad–.

Los servicios jurídicos de Auzsa sí decidieron recurrir. Esto provocó que la determinación de ZEC de no acudir al Supremo, en la práctica, no tuviera efecto, más allá de su claro posicionamiento político y de la intensa polvareda que se levantó en la plaza del Pilar. La empresa seguirá gestionando el servicio público del autobús urbano sin novedades al menos hasta que el Supremo dicte su sentencia, algo que podría tardar entre dos y cuatro años. Hay que tener en cuenta que Auzsa ganó un concurso que le da derecho a gestionar el autobús hasta 2023 a cambio de unos 800 millones.

La sentencia de junio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) señalaba que en aquella licitación la empresa tuvo una "posición de ventaja" en el concurso. Fue un fallo con cierta polémica y que, de confirmarse, incluso podría servir de precedente en otras ciudades españolas. Porque anula tres cláusulas del pliego de condiciones que, según expertos del sector, son habituales en este tipo de concursos: las exigencias de constituirse en sociedad anónima, de tener una cierta solvencia económica y de acreditar experiencia en el sector. Algo que los demandantes –la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores– no pudieron acreditar. Ahora, con el recurso de Auzsa, el Tribunal Supremo deberá ratificar o no estos argumentos.Una relación de alta tensión

Este episodio ha venido a confirmar la relación de alta tensión que existe entre el Ayuntamiento –­o al menos parte de su Gobierno– y la empresa que gestiona uno de los servicios más esenciales para el día a día de miles de ciudadanos. La empresa Auzsa (antes Tuzsa) lleva décadas al volante del transporte público de Zaragoza, un periodo para nada exento de turbulencias, con conflictos laborales que han puesto en jaque el transporte en Zaragoza y deudas multimillonarias que han acabado en los tribunales.

Esta misma semana se ha sellado otro de los procedimientos judiciales que tenía a Auzsa pendiente, aunque en este caso como actor secundario. La Audiencia ratificó el archivo de la querella que presentó el sindicato Somos por el pago de los despidos de Tuzsa. El anterior Gobierno socialista acordó con la empresa el pago de los 2,1 millones de euros que le costaron las indemnizaciones a los 153 empleados que despidió cuando cambió la contrata. El asunto queda archivado en la vía penal, aunque sigue vivo en el Contencioso-Administrativo.

La relación entre ZEC y Auzsa ya comenzó con tensión, por las continuas sanciones que el Gobierno impuso a la empresa tras su llegada al poder. Al igual que con FCC, el control de las grandes contratas derivó en constantes sanciones en cuanto se vio oportunidad para ello. En el caso de Auzsa, solo durante los primeros meses de 2015 se impusieron más de medio millón de euros en sanciones. El problema principal radicaba en que el Gobierno acusaba a Auzsa de no haber instalado correctamente un sistema de ayuda a la explotación al que estaba obligado.La huelga más larga

Sin embargo, el mayor pulso que han mantenido hasta ahora fue la huelga del autobús urbano. El conflicto era entre los trabajadores y la empresa, pero la medición del Gobierno de ZEC fue polémica. La presencia del alcalde en una asamblea de trabajadores, donde fue recibido al grito de "sí, se puede" no ayudó a tranquilizar el ambiente, como tampoco lo hicieron los servicios mínimos impuestos.

El resultado fue la huelga más larga de la historia del servicio en la ciudad, y eso que tenía competencia: desde el año 2000, los empleados de esta compañía han participado en 35 huelgas –incluidas las generales–. Al final, los paganos han acabado siendo los sufridos usuarios del bus, que a la postre siempre acaban soportando los conflictos con un constante deterioro del servicio.