El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza quieren desatascar este mismo mes la ley de capitalidad, que debe otorgar un estatus especial a la ciudad más poblada de la Comunidad, además de resolver el problema de la financiación de las competencias impropias. A la espera de pactar esta cuestión, la más espinosa de todas, entre las novedades de la normativa destacan los cambios en la tramitación de los proyectos supramunicipales que impulse la DGA en el futuro, en los que se dará más voz a Zaragoza, o la creación de un nuevo consejo bilateral entre las dos administraciones.

A la espera de cumplir con su compromiso de tomar en consideración el proyecto de ley este mismo mes, el Ejecutivo quiere aliviar no solo las tradicionales tensiones entre las dos administraciones, sino los enfrentamientos entre el presidente, Javier Lambán (PSOE), y el alcalde, Pedro Santisteve (ZEC). No en vano, se está preparando una reunión entre los dos responsables políticos para cerrar las cuantías que incorporará la ley de cara a la financiación de la capital.

Según fuentes consultadas, el objetivo es que el futuro sistema de financiación autonómica propicie soluciones para Zaragoza y que al mismo tiempo el resto de los municipios de Aragón no sientan "un agravio comparativo" con la nueva legislación.

Está previsto que haya fondos para sufragar las competencias que delegue la DGA. Por otro lado, estarán las inversiones que haga Aragón en Zaragoza y, por último, el papel de la Diputación de Zaragoza en la atención de los barrios rurales. Después habrá que poner cifras para el fondo de capitalidad.

En el Ejecutivo se insiste en que se quieren concretar unas cuantías económicas que se puedan cumplir, dado que leyes similares en otras comunidades han acabado siendo papel mojado en materia económica. El Ayuntamiento llegó a pedir en diciembre 25 millones por el concepto de capitalidad y reclama el pago de las deudas pendientes, como por ejemplo 14 millones del convenio de financiación del tranvía.

19 reuniones

Tras los fracasos de los anteriores intentos de aprobar la ley(en 2010 y en 2014), la DGA y el Ayuntamiento crearon una mesa política y otra técnica el pasado mes de marzo y suman ya 19 reuniones sectoriales. "Se ha avanzado mucho y quedan seis artículos pendientes de cerrar, así como el fleco de la financiación. La ley va a reconocer la singularidad de Zaragoza, va a potenciar su capacidad para organizarse y otorga amplias potestades en competencias propias", explican fuentes de la DGA.

Cualquier modificación o derogación competencial exigirá reforma de la ley y audiencia al Ayuntamiento de la capital aragonesa. En este sentido, se establecen trámites específicos para "dar voz" al Consistorio en las materias de competencia autonómica que le pudieran afectar.

Este es el caso de los proyectos supramunicipales, habitual foco de conflicto entre las dos administraciones. Así ocurrió con la plataforma logística Plaza o con el Parque Tecnológico del Reciclado(PTR), en los que el Ayuntamiento reclamó sin éxito el aprovechamiento urbanístico del 10% como en cualquier otro plan.

Por eso, para los proyectos de interés general de Aragón (PIGA) se establecen dos posibilidades. Por un lado se puede firmar un acuerdo entre ambas instituciones. Por oro, se puede aportar un informe preceptivo del Consistorio. Fuentes del Ejecutivo explicaron que el objetivo es no sacar un plan de estas características sin acuerdo municipal. En caso de conflicto se recurriría al consejo bilateral.

Ese órgano se reunirá una vez cada semestre y tendrá carácter colegiado y permanente. Su finalidad es "estrechar la cooperación y coordinación entre las dos administraciones". Estarían representados los consejeros de Hacienda y Presidencia de las dos instituciones, además de otros dos responsables más en función de los asuntos que se abordasen. La presidencia sería alternativa. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, el objetivo es que una vez que esté cerrado el proyecto de ley se abra un proceso de participación ciudadana.