La hija de la mujer tiroteada el pasado 12 de agosto junto al centro comercial Aragonia de Zaragoza tenía previsto completar ayer su declaración como testigo ante el Grupo de Homicidios de la Policía, pero decidió finalmente hacerlo ante el juez de guardia para no interferir en la investigación interna abierta por la Jefatura Superior de Aragón. Como adelantó HERALDO, la joven y su madre estuvieron solo dos días antes del trágico suceso en la comisaría de General Mayandía para comunicar que Juan Antonio Ruiz Díaz -padre de la primera y exmarido de la mujer- estaba armado y temían que pudiera atacarlas. Contaron también que el hombre había proferido supuestas amenazas contra M. A. G. S. -a la postre, víctima de los disparos- y que tenían grabadas algunas con el móvil. Sin embargo, se tuvieron que ir sin formalizar la denuncia, por lo que tampoco se dictó una orden de alejamiento.

De lo acontecido en la comisaría de Centro dio cuenta la joven, M. R. G., apenas unas horas después del tiroteo, cuando declaró por primera vez ante el Grupo de Homicidios. Fue precisamente esta revelación la que hizo que la Jefatura Superior decidiera abrir enseguida lo que se denomina una investigación «reservada» para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades en caso de que las hubiera. Y, dado que estas pesquisas son secretas y continúan tramitándose, la hija de la tiroteada optó ayer por continuar declarando en sede judicial y no en dependencias policiales.

Por tratarse de una tentativa de asesinato vinculada a la violencia machista, de la instrucción de las diligencias se encargará uno de los dos juzgados especializados en esta materia en Zaragoza. Sin embargo, al estar inmersos en pleno puente festivo, la joven y su abogado, Simón Lahoz, tuvieron que comparecer ante Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 y ayer al frente del juzgado de guardia.

Según ha podido saber este periódico, la joven estuvo casi dos horas dando su versión de los hechos. Por ser la conductora del Mercedes en el que viajaba como copiloto su madre y contra el que abrió fuego su padre, M. R. G. pudo dar todo tipo de detalles sobre la secuencia de los hechos. Fue una experiencia traumática para estas joven, porque a pesar de no ser alcanzada por las balas, tuvo que reaccionar con reflejos, pisar el acelerador y salir huyendo para ponerse a salvo y trasladar a su madre hasta urgencias del hospital Clínico.

Ratifica su versión en el juzgado

Como hiciera el pasado viernes ante la Policía, la hija del matrimonio dedicó también parte de su declaración ante el juez de guardia a rememorar lo acontecido en la comisaría de General Mayandía apenas dos días antes del ataque. Pese a confiar en la gran profesionalidad de la Policía, la mujer explicó que ni ella ni su madre se sintieron bien atendidas por los agentes el pasado 10 de agosto. Así se lo transmitió al magistrado, al que insistió en que no solo les dijeron que tenían miedo de su padre -porque es cazador y aficionado al tiro olímpico y tiene armas en casa-, sino que también les instaron a escuchar las presuntas amenazas que tenían grabadas en el teléfono móvil. Grabaciones, contó, que los funcionarios no llegaron a oír, puesto que enmarcaron el asunto en las disputas habituales en un procedimiento de divorcio (aún no había presentado la demanda, pero la pareja ya vivía por separado desde hace un mes).

Consultada el sábado por HERALDO, la Jefatura Superior confirmó la visita de las mujeres a la comisaría de Centro y se limitó a informar de la apertura de la investigación interna. Fueron tajantes y afirmaron: «No vamos a entrar en el ellas han dicho y nosotros decimos porque las pesquisas se acababan de iniciar y hay que ser cautos». Sin embargo, han trascendido después otras declaraciones de la Policía en las que ya se da por sentado que las mujeres solo acudieron a pedir información sobre las órdenes de alejamiento, que no quisieron denunciar y que en ningún momento hablaron de amenazas o de que Juan Antonio Ruiz tuviera armas. En cualquier caso, la versión oficial es que la investigación sigue abierta. Desde CHA, piden la dimisión del delegado del Gobierno.