El SUP denuncia al Ministerio del Interior ante Urbanismo por el cuartel de Mayandía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó este miércoles por la mañana una denuncia en el Ayuntamiento de Zaragoza contra el Ministerio del Interior por el estado de conservación del cuartel de Mayandía. El colectivo, de representación mayoritaria en la plantilla policial aragonesa, recurre de esta forma a la vía administrativa para forzar una solución ante el riesgo para las personas que allí trabajan o que acuden a realizar algún tipo de gestión.

Así lo pone de manifiesto la Inspección Técnica de Edificios realizada en el inmueble este año y que, tal y como adelantó Heraldo.es, detectó importantes deficiencias en la mayoría de los aspectos analizados por los arquitectos encargados de la revisión. Tanto es así que el informe cifraba en unos 1,7 millones de euros el coste de las reformas necesarias para que el edificio cumpla con las garantías mínimas de seguridad.

De ahí que esta inspección haya sido incluida como prueba en la demanda presentada en la concejalía de Urbanismo. En concreto, se solicita al Consistorio que declare la responsabilidad del Ministerio ante el actual estado del cuartel, que se le imponga la sanción oportuna por su "actitud negligente", y que, llegado el caso, se recurra a la ejecución forzosa para corregir las "graves deficiencias estructurales" en el edificio.

Según el escrito presentado por el sindicato, el Ayuntamiento tiene capacidad para todo ello mediante la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley de Urbanismo de Aragón y la ordenanza municipal de Conservación de Edificación.

"Peligro inminente"

Para el SUP, el cuartel de Mayandía presenta "tal grado de deterioro que atenta contra las condiciones de salubridad, ornato público, decoro, habitabilidad y uso efectivo contra el servicio público que alberga", lo que genera un "peligro inminente" sobre la vía pública, los ciudadanos que acuden a realizar sus gestiones y los propios agentes que desarrollan allí su labor.

En el céntrico edificio trabajan a diario cerca de 650 agentes, prácticamente la mitad de la plantilla de Zaragoza. La mayoría de los trabajadores pertenecen al área de Seguridad Ciudadana y de las Unidades Especiales, así como a la comisaría Centro y a delegaciones administrativas como las destinadas a formación.

Además, es el garaje de todos los vehículos policiales de la Jefatura en la ciudad, e incluso hay media docena de viviendas habitadas desde hace décadas. Su mal estado de conservación, fruto del paso del tiempo sin apenas inversiones en mantenimiento, ha sido desde hace años una crítica habitual por parte de los agentes que desarrollan su labor en su interior y de las distintas organizaciones sindicales, que han reclamado su cierre temporal hasta que se encuentre una solución.

Apaños provisionales

Mientras tanto, el Ministerio tan solo ha ido invirtiendo lo mínimo en la conservación del cuartel. El último ejemplo se produjo el pasado mes de mayo, cuando parte de su perímetro tuvo que ser vallado ante la caída de cascotes a la acera y al patio interior -causando daños en varios vehículos- desde uno de los aleros de la fachada. Interior llevó a cabo unos trabajos de reparación valorados en 10.000 euros que han culminado recientemente con la instalación de lonas fijadas a un andamiaje. Una solución provisional que los sindicatos temen se convierta en definitiva.

De hecho, un informe interno de la Secretaría de Estado de Seguridad elaborado el verano pasado reflejaba inversiones por valor de 80.000 euros durante los años 2013 y 2014, que no evitaron que la situación del inmueble fuera calificado por los técnicos como “muy deficiente”. El estudio, elaborado por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad revelaba importantes desperfectos en materia de seguridad, prevención y accesibilidad.

Además, se valoró el resto de comisarías de la ciudad. El resultado fue satisfactorio en cuatro de estas sedes policiales de la capital aragonesa (Jefatura, Delicias, Actur y la Oficina del DNI del paseo de Teruel), mientras que tres, al margen de Mayandía, presentaron un balance “deficiente”: Arrabal, San José y el Servicio de Atención a la Familia, ubicado en la calle Ramón Campoamor.